El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, reveló ayer que la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizó la aprobación de 14 leyes que neutralizaron o exceptuaron la normativa que rige al ente emisor y le prohíbe emitir créditos a favor de las empresas estatales.
«14 leyes del Presupuesto General del Estado y otras leyes modificatorias del presupuesto o especiales en particular exceptúan al Banco Central de acatar esta prohibición de financiar al sector público», indicó.
Recordó que la ley del BCB le prohíbe otorgar créditos al sector público y excepcionalmente podrá hacerlo a favor del Tesoro Nacional, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes de su Directorio, solo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas o atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario.
No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó en 2012 la Ley de Creación del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que nació con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, provenientes de un crédito emitido por el BCB, con recursos de las reservas internacionales netas, señaló Aponte.
También indicó que, en el Presupuesto General del Estado 2009, se autorizó al BCB a otorgar un crédito extraordinario de 1.000 millones de dólares a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en condiciones concesionales, con el único fin de financiar proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos, en el marco de la seguridad energética.
Para ese efecto se exceptuó al BCB de la aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 1670 de octubre de 1995, que le prohíbe otorgar créditos a entidades públicas, agregó.
Cumplen con el pago de sus créditos
El gerente general interino del BCB, David Espinoza, informó que hasta la fecha se desembolsó aproximadamente 40.000 millones de bolivianos como créditos a las empresas públicas estratégicas y que las empresas al momento cumplen regularmente sus pagos por lo que no existe un daño económico al ente emisor.
Detalló que las empresas públicas solicitaron en total 59.000 millones de bolivianos y que de esa cantidad a la fecha se desembolsó a las empresas del Estado alrededor de 40.000 millones de bolivianos, los cuales al momento son pagados sin contratiempos por parte de todas las empresas estratégicas que accedieron a esos créditos.
Espinoza aseguró que hasta la fecha las empresas pagaron en total aproximadamente 3.000 millones de bolivianos por lo que existiría un saldo de 37.000 millones, los cuales están siendo pagados según los planes de pagos de cada una de las mismas.
«Cada uno de los créditos tienen un plan de pagos, que tiene un periodo de gracia que no se paga capital y a partir de cierto periodo se va amortizando el capital y los intereses», puntualizó.