¿A clases sin valorar la crisis sanitaria?

Para este miércoles se prevé una reunión dirigida a analizar la modalidad de labores educativas, que según el Ministerio de Educación se iniciarán el 1 de febrero con asistencia semipresencial. Pero la posibilidad parece estar muy lejos de la decisión de las actuales autoridades del sistema educativo, que no tomaron en cuenta la realidad del apoyo digital imprescindible ni los riesgos de salud.

No existe un informe médico que dé vía libre a las labores escolares por grupos, y menos que existan las condiciones para que todos los estudiantes tengan acceso a internet. De manera que la idea del Ministro de Educación no pasa de ser solamente eso, los maestros rurales afirmaron que no existe nada definido y que en la reunión ampliada de varios sectores se adoptarán decisiones. Por lo menos eso se desprende de las declaraciones del secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Andrés Huayta, quien señala que se van a «recoger las propuestas de todos, el Ministerio de Educación, padres de familia, estudiantes de secundaria y por supuesto el nuestro como maestros», en la reunión Cumbre Educativa que se realizará este 16 y 17 de diciembre. Varios sectores están esperando la invitación, que por el momento no llegó a las universidades ni a los dirigentes de los colegios privados.

La agenda de la reunión solamente comprende analizar la gestión escolar 2019, el Decreto Supremo 4260, que autoriza la realización de las labores educativas de forma presencial, a distancia, virtual y semi presencial en los Subsistemas de Educación Regular, de Educación Alternativa y Especial y Educación Superior, además de los cursos de nivelación.

La agenda, extrañamente, no contempla la situación de salud, que es el tema medular, además de la necesidad de lograr el acceso a internet con velocidad suficiente para todos los estudiantes en todos los grados desde el inicial a los postgrados, así como para los docentes. La educación es una de las principales responsabilidades del Estado, no solamente por el mandato de la Constitución Política, sino porque se trata de un derecho y un deber. Es de una alta responsabilidad que no puede volver a politizarse, convirtiendo la educación en un medio de adoctrinamiento político.

Además, corresponde recordar que la educación es un derecho fundamental de todas las personas, conforme determina el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a la educación los pueblos logran salir de la pobreza y no mediante bonos y prebendas. Mediante una educación adecuada las personas comprenden lo que es la libertad y el ejercicio de sus derechos, generalmente conculcados por los regímenes totalitarios. Los ciudadanos que logran una formación evitan ser engañados o utilizados políticamente, y por ello algunos gobiernos populistas buscan estancar la educación para aprovecharse de la ignorancia.

La formación también está contemplada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que son de aplicación universal por un compromiso suscrito por los gobiernos de casi todo el planeta, como parte de la Agenda de desarrollo hasta 2030. Se espera que todos los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie sea postergado, para lo cual la educación es fundamental.

Estos objetivos se complementan con el llamado de la ONU a proteger la salud, que además es la otra obligación fundamental del Estado de acuerdo a la CPE. Hay además un implícito reconocimiento del gobierno de proteger la salud. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el Gobierno presentará en las próximas horas un plan integral preventivo contra la COVID-19. Aseguró «que la prioridad es evitar una segunda ola de la pandemia en Bolivia». Explicó que en esta primera etapa del plan es importante un trabajo coordinando entre todas las instituciones, municipios, gobernaciones y el Estado. Asimismo, convocó a la población a precautelar su salud mediante medidas de bioseguridad.

En ese escenario dantesco, pretender labores escolares semipresenciales resulta un grave atentado. La educación es una prioridad, pero preservando la vida y la salud, como lo hacen casi todos los países del mundo, que utilizan los avances tecnológicos para la enseñanza a distancia.