La realidad del anhelado proyecto del litio se empaña cada vez más con frustraciones y con denuncias de corrupción que ahora se complican, inclusive, con la muerte del que fue gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), después de dejar una supuesta carta en la que alerta sobre otro fracaso en la industrialización de la riqueza del salar de Uyuni. La necesidad de transparencia y esclarecimiento se ve perjudicada porque el tema se ha judicializado y politizado, con acusaciones mutuas entre los grupos que dividen al MAS. La empresa estatal YLB, presentó una acción penal ante la Fiscalía por un daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos en la construcción y mantenimiento de las piscinas evaporíticas en el salar de Uyuni. Son 11 ciudadanos denunciados, entre exfuncionarios públicos y la empresa contratada, informó la actual presidente ejecutiva, Karla Calderón.
Los tipos penales por los que se presentó la denuncia son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos. Calderón señaló que las irregularidades detectadas corresponden al periodo entre 2013 y 2017 (en la gestión del expresidente Evo Morales), años en los que incluso se encontraron supuestos hechos de corrupción. La presidenta de YLB indicó que de 160 piscinas que fueron construidas, sólo «se recuperaron» cinco.
Pero ahora el caso se complica con la muerte -rodeada de incógnitas- del exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro Bravo, quien habría dejado una carta, en la que dice que tomaría una decisión dolorosa para sus seres queridos. En su carta denunció que quienes comenzaron el proyecto del litio en Bolivia ahora están siendo víctimas de atropello. «No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una Justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir», dice la carta de Montenegro. Agrega que la intención del proceso judicial en su contra es ocultar el «rotundo fracaso» de la estrategia que asumió el Gobierno de Luis Arce de apostar a la extracción directa de litio (EDL).
La carta denuncia que desde el año 2021, las autoridades tenían obligación de concluir las piscinas de evaporación, pero no lo hicieron. «Reitero, las abandonaron por adoptar la falsa ilusión de EDL, como una supuesta alternativa rápida para producir grandes volúmenes, incluso se habló de alcanzar 100.000 toneladas de carbonato de litio para el 2025. Constataron que todavía no son viables grandes plantas industriales vía EDL y se percataron, tardíamente, que podrían ser viables sólo pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen. Esta es la verdadera dimensión de lo que se pretende ocultar», dice la carta y concluye afirmando que es inocente. Pero surgieron dudas sobre la carta ya que en las redes sociales circula la firma del Montenegro en documento, que muestra mucha diferencia con la firma al pie de la carta. Se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación del caso YLB.
En una conferencia de prensa, los exministros del MAS, Teresa Morales, Wilma Alanoca y Roberto Aguilar se declararon «defensores de los recursos naturales y del litio» y anunciaron una férrea defensa para esclarecer el caso de supuesta corrupción en la planta de Yacimientos del Litio Boliviano. Asimismo, rechazaron la «persecución política» que, según ellos, activó el Gobierno contra las ex autoridades de la gestión de Evo Morales. Anunciaron que van a organizar al pueblo «para defender los recursos naturales y se conformará un gran movimiento de defensa del litio y los recursos», dijo la exministra Morales.
El Gobierno, mediante el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, salió al frente de las denuncias, y sostuvo que el país avanza con un «modelo de negocios soberano». «EDL o Extracción Directa del Litio es un proyecto que viene avanzando (…). Estamos trabajando de manera consciente», afirmó la autoridad en conferencia de prensa desde Santa Cruz. Molina considera que la EDL es una tecnología que, a diferencia de la tradicional, en algunos casos, «triplica los niveles de producción», en el menor tiempo. Recordó también que se realizó una segunda convocatoria internacional para emprender nuevos proyectos de recursos evaporíticos en siete salares del país, a la cual se presentaron una veintena de empresas de distintos países del mundo y están en proceso de evaluación.
Mientras tanto, el proyecto del litio queda rodeado de incertidumbre. La falta de transparencia está cobrando una factura muy costosa, no solamente en lo que se gastó en las plantas, sino en el tiempo perdido. Recordemos que durante la conferencia de prensa en la que se anunció que se iniciarían acciones penales contra exfuncionarios que tuvieron a su cargo el proyecto, la actual presidente de YLB, Karla Calderón reconoció que se busca recuperar «el tiempo perdido» durante más de 14 años, pero que la reposición de piscinas evaporíticas llevaría varios meses o años, al igual que la espera para que estas piscinas den resultado. Las plantas industriales de carbonato de litio y de cloruro de potasio no tienen suficiente materia prima para funcionar a su máxima capacidad.