El oficialismo clavó un aguijón a la oposición obligándola a despertar de su letargo y pasiva protesta, para luchar contra el tiempo electoral, ponerse de acuerdo y buscar los candidatos de consenso para poder competir en las elecciones del próximo año. Se acortaron los tiempos y casi inmediatamente tendrán que adoptarse definiciones, frente a la inminente aprobación de La Ley de Organizaciones Políticas que posiblemente esta semana ingrese a la Cámara de Senadores para su aprobación. El proyecto de Ley dispone la celebración de elecciones primarias en los partidos políticos para enero de 2019.
El proyecto de la nueva norma de las organizaciones políticas fue elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue remitido a la Asamblea Legislativa, pero el documento original sufrió modificaciones de fondo, por lo que el TSE analizará la situación en sala plena, para luego pronunciarse sobre la viabilidad o no de las elecciones primarias para el próximo mes de enero.
En la Cámara de Diputados se modificó el proyecto propuesto por el TSE. Los legisladores habilitaron las elecciones primarias para los comicios del siguiente año cuando, en un inicio, estaban previstas hasta el 2024. La oposición denunció que esta maniobra busca habilitar, de forma inconstitucional, al presidente Evo Morales.
El TSE mediante comunicado señaló que “Se observa que algunas disposiciones operativas y plazos establecidos en el proyecto aprobado en la comisión, en especial en las disposiciones transitorias, inviabilizarían técnicamente la organización y administración de elecciones primarias en la gestión 2019, por lo que debieran ser ajustados o derivados a reglamentación especial.
Pese a la advertencia, el proyecto de ley pasó al Senado. Se la revisa en la Comisión de Constitución para luego ser tratado en grande y detalle. El presidente del Senado, Milton Barón, adelantó que esta norma podrá ser sancionada esta semana. La nueva ley consta de 105 artículos y ocho disposiciones transitorias.
Las contraindicaciones entre el TSE y la Asamblea Legislativa, pueden derivar en un conflicto de competencias, ya que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 (21-F) está “vigente y es vinculante”, según el vocal Antonio Costas. Anteriormente, la presidente del TSE, Katia Uriona, también afirmó que el referendo está vigente, es vinculante y de cumplimiento obligatorio.
Recordemos que el referendo del 2016 rechazó el pedido de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar a los actuales gobernantes para las elecciones del 2019. Sin embargo, el oficialismo recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y logró una sentencia que reconoce el “derecho humano” a la reelección indefinida.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresó su preocupación por la inminente aprobación de la norma, política que entra en contradicción con los resultados del referendo 21 F. Varios partidos de oposición y plataformas de organizaciones de defensa de la democracia también se pronunciaron, señalando que el proyecto de la nueva ley de organizaciones políticas busca dar ventajas al oficialismo.
Sin duda alguna, el país necesita una nueva ley que norme a las agrupaciones políticas, y de esta manera se puedan determinar elecciones primarias en el seno de los partidos, para elegir a los candidatos, es un avance democrático. Pero acortar los tiempos aparece como una maniobra destinada a limitar a la oposición.