La comunidad universitaria, docente, estudiantil, administrativa de la UPEA, determinó manifestaciones exigiendo la «modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria». En la ciudad de El Alto uno de sus miembros, el universitario Jonathan, fue victimado, según los universitarios por la policía, según el Ministro Carlos Romero «por manifestantes de la universidad».
Esta declaración enfureció no solo a la UPEA, también a los alteños, la Fejuve El Alto, representado por el ciudadano Canaza, se solidarizó con los universitarios, resolvió pedir la renuncia de los ministros de Gobierno y de Economía y «la modificación de la Ley 195».
Romero, pidió disculpas a los ciudadanos y a los medios por haber sido «inducido a un error» y Cristhian Casanova Condori, como «autor del delito». No bastó las disculpas, la asamblea general de la UPEA, insistió: Exigir la renuncia de Romero, Guillén y el viceministro Durán.
Poco después, alguien que pertenece al CEUB, habría sugerido a los dirigentes de la FUL- UPEA, asistan a una reunión con el Presidente del Senado y la Presidenta de Diputados. Craso error de estrategia del gobierno y de la dirigencia de la UPEA. El Rector hizo saber que asistirían a esa cita a realizarse en «salones de la Vicepresidencia», el viernes y luego ayer sábado. Pese a su posición de no dialogar con el ministro Guillén, advirtieron que estaba en sala y los ministros de Educación, Roberto Aguilar y de la Presidencia, Alfredo Rada. Estando en democracia el pueblo tiene el derecho a estar y ser informado de y en fuente originaria, no se permitió a los periodistas cubrir las incidencias de la reunión, solo la toma de fotos.
Delegados de la UPEA escucharon la posición del Gobierno: integrada por dichos ministros y legisladores del MAS. Enfatizaron modificar la Ley 195. A posteriori, la Presidenta de Diputados, expresó que se debían conformar mesas de trabajo.
Por separación de poderes (Órganos del Estado) bien podían haberlos recibido en alguna sala de la Asamblea Legislativa sin la asistencia de los ministros pero no en la Vicepresidencia, toda vez que el vicepresidente cumple una labor eminentemente político partidaria y es el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, es decir la UPEA en lugar de hacer conocer la forma de la modificación de la Ley 195 ante servidores públicos del Legislativo, equivocaron el camino posiblemente de buena fe y van contrasentido de la Constitución Política del Estado. Habiendo exigido la renuncia de Ministros, tema que involucra únicamente al Órgano Ejecutivo y la modificación de la Ley 195 que tiene competencia el Órgano Legislativo para aprobar o rechazarlo, al presente enredaron su petición y podrían recibir una subvención extraordinaria del Tesoro General del Estado, que fue planteado por el ministro Guillén.
¿Qué aconsejaran los directores jurídicos de la UPEA? Surge la situación de vejamen a la Constitución Política del Estado, por cuanto los Ministros efectuaron declaraciones en sentido que no se podía modificar dicha norma y los legisladores, Gonzales y Montaño, que habría que conformar mesas de trabajo técnico, etc. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada informó que se estaba llegando a buen entendimiento con la UPEA y que se había descartado hablar sobre la renuncia de los ministros porque era «tema de la justicia».
Cuando se estableció «el diálogo», surgió voces del frente cocalero, en sentido que «los universitarios de la UPEA todavía se creen autónomos, se debe rebajar los presupuestos de las universidades». Significaría que el diálogo convocado, por el Legislativo y Ejecutivo, tendría como objetivo alargar la solución de la temática, desmovilizando a los universitarios y al pueblo alteño, olvidando que la UPEA o ciudadanos la pueden impugnar y demandar su nulidad de pleno derecho.