Ya en varias oportunidades, varios organismos internacionales expresaron su preocupación por la forma como se ha degradado la justicia en Bolivia, y en esa línea ha efectuado recomendaciones concretas, que han sido ignoradas por el gobierno actual. Recordemos que el Relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, Diego Garcia Sayan, dijo que la justicia en nuestro país está lejos de la gente. «La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana» dijo luego de su visita oficial a nuestro país, realizada a invitación del gobierno del 15 al 22 de febrero pasado. El Relator mencionó las dificultades sistémicas que existen para que la sociedad boliviana tenga acceso fluido a la justicia. «La impunidad frente al crimen y, en particular, frente a casos de feminicidio y violencia sexual, es una dolorosa expresión de ello», señaló. También dijo que esto hace que «la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente».
Como otra expresión de las severas limitaciones de la justicia mencionó el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas. El Relator exhortó al país a «intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la prisión preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención». Tocó varios otros asuntos que llevaron al actual estado de la justicia. También se pronunciaron la OEA y la Unión Europea.
Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho conocer nuevamente su preocupación exhortando a la necesidad de que se debe garantizar la independencia de poderes. Este organismo emitió un comunicado para manifestar su preocupación por el proceso de las elecciones judiciales que se estancaron en el Legislativo. «La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades» señala la CIDH. En el pronunciamiento, recuerda que «la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa».
Instó a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos.
En el país, tanto dirigentes políticos, como juristas se sumaron al pedido de la CIDH, y deploraron todas las acciones dirigidas a obstruir los intentos por reestructurar el sistema judicial efectuados por el gobierno, en su afán de seguir controlando a la justicia. Pero el ministro de Justicia, Iván Lima, sorpresivamente, exhortó a la ALP a garantizar las elecciones para designar a las máximas autoridades judiciales. Lima convocó a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana. Recordemos que el ministro dijo anteriormente, frente a los pedidos de reestructuración del sistema judicial, que ese no era un tema prioritario.
Pero el tema judicial es de urgencia y vital no solamente para el estado de derecho, sino para que sobreviva el proceso democrático. Gracias a esta irregularidad se han vulnerado principios legales elementales, se ha transgredido la Constitución Política del Estado en forma reiterada, se ha incumplido el ordenamiento legal en forma sistemática. Inclusive los últimos intentos por llevar adelante las elecciones judiciales han sufrido una interferencia escandalosa dejando que se venzan los plazos perentorios procedimentales, trabando las etapas.
Precisamente este fin de semana vence el plazo constitucional para que la Cámara de Diputados trate la ley de elecciones judiciales remitida por el Senado, razón por la que aparecen algunos apuros para salvar las apariencias. Pero el hecho real es que se ha logrado entorpecer y frustrar, primero la reorganización del sistema judicial y ahora la elección de magistrados.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseguró que, la Cámara de Diputados al no haber cumplido su responsabilidad, ya no puede tratar el tema. La competencia debe ser traspasada al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En conferencia de prensa, Alarcón advirtió que «el día sábado se vence el plazo que da la Constitución para considerar en Cámara de Diputados, la ley aprobada con media sanción en el Senado, la norma indica que, si se pasa de los 30 días, esta Cámara pierde competencia». Bajo este contexto, adelantó que, si no se efectiviza una convocatoria de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de ley aprobado y remitido semanas atrás por el Senado, se solicitará al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, instalar sesión plenaria del Parlamento para el próximo lunes.