El país avanza hacia una ruta de alto riesgo. Se va contra del aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el sentido común. Se ha olvidado el principio constitucional que manda que “las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido, y equilibrado”, y se ignora “la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio contra los atentados contra el medio ambiente”.
Lo que está ocurriendo en nuestro territorio, especialmente en el oriente, debe mover a una profunda reflexión. No solamente por ver las imágenes de cientos de animales calcinados y la pérdida de una enorme variedad de especies silvestres de flora y fauna, sino por el daño ambiental irreversible que se está ocasionando.
Las últimas normas que permiten habilitar miles de hectáreas de tierras para los cultivos destinados a producir biocombustibles ha sido la última acción que se suma a las prácticas de quemas que casi siempre terminan en incendios descontrolados, como el que afecta a Santa Cruz, donde fueron pasto de las llamas más de 500 mil hectáreas.
La irresponsable y primitiva práctica de chaqueos para habilitar las tierras para el cultivo es la principal causa de los incendios forestales, desechando por comodidad y economía una serie de otros recursos modernos para la habilitación de tierras aptas para sembrar y regenerar pastizales, entre ellos la biotrituración.
Existen tecnologías limpias que bien pueden ser usadas por los productores y «teniendo en cuenta el daño que tiene el fuego, debería pensarse en modificar la ley forestal y su reglamento en donde se permite la quema».
El país ha recibido apoyo internacional para explorar y establecer mecanismos alternativos. Uno de los proyectos fue el Programa Amazonía Sin Fuego (PASF) con el apoyo de Italia, que desarrolló actividades de capacitación, divulgación y negociación en las comunidades rurales, para promover alternativas al uso del fuego en las actividades agrícolas y pecuarias. Otro programa piloto fue financiado por CAF que buscaba la sensibilización de los actores locales para que asuman compromisos respecto al uso y control de fuego; desarrollo de capacidades locales en los ámbitos de protección del bosque y de prácticas agropecuarias alternativas; y consolidación de acciones para los usuarios que utilizan alternativas al uso de fuego en la agricultura.
Empero, en la actualidad lo máximo que se ha hecho es efectuar recomendaciones para uso controlado de fuego, lo que supone autorizaciones para que se continúe con esta perniciosa práctica. Como consecuencia de los desastres de Santa Cruz la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) decidió la semana pasada frenar la emisión de autorizaciones de quema, pero el daño ya está hecho y es irreversible. En los últimos incendios se ha perdido más de medio millón de hectáreas de bosques y en lo que va del año ya llega a cerca de un millón hectáreas afectadas.
Según un estudio elaborado por la FAN – Bolivia, en el país se perdió un 76% de los bosques entre 2000 y 2010. Los chaqueos se concentraron más en el departamento de Santa Cruz, donde se llegó a afectar 388 mil 903 hectáreas de áreas verdes, seguido de Beni con 161 mil 798 hectáreas y Pando con 98 mil 185. En este momento, las cifras son mucho mayores.