Desde que la justicia extravió su rumbo en nuestro país ya a nadie extraña que se cometan aberraciones legales en las que se arrastra a otras instituciones como la Policía, que es el brazo coactivo de la ley. La falla no es de la justicia en sí misma ni de la institución policial, sino de quienes mal administran el sistema, y de los que hicieron de la adhesión política un requisito. La justicia en Bolivia nunca fue de las mejores, pero en la actual coyuntura cayó a un pozo ciego. La desaparición de la seguridad jurídica y el asentamiento de la corrupción e incompetencia se introdujeron al sistema junto a la politiquería partidista.
Para muchos, los estrados judiciales del país tocaron fondo y parecía que ya nada podría hundirlos más. Pero el “sui generis” sistema no se cansa de sorprendernos, y dar muestras de que se puede reptar en el fondo y enterrarse aún más en el peor descrédito. Son muchos los ejemplos que rayan en lo insólito. El último se conoció cuando el Ministro de Gobierno reveló que una persona, buscada por narcotráfico desde julio de 2015, participó en al menos dos actos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz.
Otro caso fue dado a conocer por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, y expresó su preocupación por lo que sucede con la Justicia, ya que es la tercera vez que la Policía encuentra libre a un personaje apodado «El Matute» acusado y detenido anteriormente por hechos delictivos. La noche del sábado “El Matute” y el resto de su banda se reunieron por la zona del Cementerio General para dividirse un botín de 150.000 dólares, resultado de los golpes que ejecutaron. Un operativo de Inteligencia de la Policía logró la captura de la banda delictiva.
Los hechos extraños recientes no son solamente esos. Como resultado del censo carcelario que se realiza, salieron a luz hechos increíbles, como la permanencia en los penales a personas con deficiencias mentales, o detenidos por robar un par de chinelas, y otro por robar una botella de licor. Anteriormente la ciudadanía fue conmovida por la revelación de que un inocente fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por un supuesto «feminicidio». Pese a que el verdadero autor confesó el crimen y fue detenido, el ciudadano inocente pasó más de un año en la cárcel.
Casos como estos generalmente se llegan a conocer por circunstancias especiales, o por denuncias que los medios de comunicación registran, pero existen centenares de situaciones tanto o más graves que permanecen opacas. Gente inocente está en la cárcel, o delincuentes están en las calles pese a su abultado prontuario. Es oportuno recordar que en el primer semestre de 2017 la Policía desbarató seis clanes delincuenciales y la Justicia liberó a miembros de cinco de estos grupos delictivos dedicados al robo de vehículos y autopartes.
El año 2016 por informes oficiales se supo que del penal de San Pedro de La Paz salieron en libertad 134 procesados considerados «peligrosos”. Algunos de éstos -según la Policía- rearmaron bandas para cometer atracos. Se informó que entre la lista de los liberados figuraban 32 que fueron procesados por robo agravado, allanamiento de morada, asociación delictuosa; 14 por homicidio, lesiones graves y gravísimas; cinco por asesinato, organización criminal, lesiones y robo agravado; 11 por violación a menores de edad, violaciones con agravantes y violencia sexual comercial; 12 por violencia doméstica, estupro y lesiones; cuatro por narcotráfico; y 10 por estafa; entre otros. Algunos de éstos eran reincidentes. Todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso, y es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Son normas contenidas en el ordenamiento legal boliviano, y que también se aplican universalmente, pero en la actualidad, desgraciadamente, en nuestro país casi nunca se cumple, excepto para los que tienen poder.