El activismo judicial, más allá de sus atribuciones, con su interferencia en asuntos políticos y jurisdicciones de otros órganos del Estado, está creando conflictos de poderes y perjudicando el desarrollo de importantes objetivos nacionales y obligaciones constitucionales, como las elecciones judiciales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar «a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia» de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso de una facción política. El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, dijo que se exige a los magistrados del TCP «un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo».
La separación de poderes es un principio esencial en la estructura del Estado, ideado para evitar la concentración de poder y promover un gobierno equilibrado y democrático. La Constitución Política determina que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Es necesario aclarar que cada poder tiene atribuciones específicas y opera bajo un sistema de frenos y contrapesos, asegurando un equilibrio que previene el abuso de autoridad y protege las libertades individuales. Hay controles jurídicos que son encomendados al Tribunal Constitucional; controles políticos que los ejerce la oposición en la Asamblea Legislativa y mediante el activismo de los partidos en la ciudadanía; hay un control social que corresponde a la iniciativa ciudadana, y por gravitación, son los medios de comunicación que se constituyen en los promotores y defensores de la libertad de expresión, que es la base de todas las demás libertades y derechos ciudadanos, así como operan como un instrumento para la transparencia y el respeto al ordenamiento legal.
La idea central del Estado de Derecho es el sometimiento del Estado a la ley, que es obligatoria para todos, gobernantes y gobernados, en igualdad de condiciones, con plenas garantías para las personas. Lamentablemente, el activismo judicial en política, está distorsionando todo el sistema legal y democrático en el país, y destruyendo la institucionalidad. La proliferación de la revisión constitucional por parte de los tribunales está vulnerando la independencia de poderes. Cuando la justicia actúa políticamente, el principio esencial de independencia de poderes desaparece y se da una figura de poder político-judicial, que distorsiona la neutralidad que debería primar en sus actuaciones. El activismo político judicial está destruyendo los principios de separación de poderes y corroe las bases del proceso democrático. Esta distorsión, vulnera también un avance en la interrelación de la justicia con otros órganos de poder, que pudo ser importante para el sistema, respetando la separación de poderes. Se trata de la judicialización de la política, que busca frenar los excesos de poder.
Para explicar mejor esta figura, apelamos a un análisis sobre la «Judicialización de la política, politización de la ley», del jurista John Ferejohn, quien distingue al menos tres maneras en las que los tribunales han tomado nuevos e importantes papeles en relación con las legislaturas. Primero, los tribunales se han visto cada vez más aptos y con mayores deseos de limitar y regular el ejercicio de la autoridad parlamentaria imponiendo límites importantes al poder de las instituciones legislativas. Segundo, cada vez más, los tribunales se han convertido en el lugar donde se hacen las políticas significativas. Y, tercero, los jueces se han visto más dispuestos a regular la conducción de la actividad política misma -ya sea que se practique en o alrededor de las legislaturas, oficinas de gobierno o el electorado- construyendo y haciendo valer normas de comportamiento aceptable, tanto para grupos de interés y partidos políticos como para funcionarios electos o designados.
Pero la judicialización no se limita simplemente a los cada vez más importantes y penetrantes papeles que juegan los tribunales en la hechura de políticas. El hecho de que frecuentemente los tribunales intervengan en el proceso de formulación de políticas también quiere decir que otros actores políticos, y grupos en busca de actividad política, tienen razones para tomar en consideración la posibilidad de una reacción judicial. Pero en esta idea, las propuestas tienen que ser enmarcadas de tal forma que la legislación no sea echada para abajo o interpretada de modo indeseable. En la actual relación entre la justicia el Legislativo, se ha dado una interferencia lamentable, que mediante un recurso judicial presentado por una persona, defendiendo intereses de algunos postulantes a la magistratura, frenaron el proceso de las elecciones judiciales, que tienen un mandato constitucional y una orden del TCP para que se realicen dichas elecciones. Desde luego, en esta situación, de acuerdo a denuncias de parlamentarios y políticos de oposición, existe una intención para evitar que se elijan a nuevas autoridades en el Órgano Judicial, y se mantenga a los magistrados prorrogados.