La solución a los desacuerdos mediante el dialogo se aleja y crece el temor porque se apele a desenlaces por la vía del desastre, atizados por una decisión del gobierno de llevar a extremos su posición radical y antidemocrática que se ha acentuado en las últimas semanas, pretendiendo un poder absoluto. La oposición crece, pero no encuentra mecanismos legales para frenar las arremetidas contra las libertades y derechos ciudadanos, situación que motivó a convocar a movilizaciones, que a su vez encuentran a los grupos oficialistas dispuestos a defender la política de la actual administración, lo que puede derivar en enfrentamientos y colofones que ahonden la crítica situación política y social que vive el país.
Después de los reclamos de diversas instituciones civiles y organizaciones sociales contra algunas nuevas disposiciones legales que pasan por encima de la Constitución Política del Estado, surgieron expresiones de resistencia para frenar el curso político que se está armando en Bolivia. Para algunos grupos opositores se está tejiendo un mecanismo de poder absoluto mediante un paquete de leyes que están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional y otras normas ya aprobadas.
Los comités cívicos de varios departamentos decidieron sumar fuerzas para exigir respeto al estado de derecho y se reunieron en Potosí, donde se aprobaron varias determinaciones. Inicialmente aprobaron una resolución de cuatro puntos acordando su participación en marchas de protesta el 10 de octubre y un paro movilizado en todo el país, y convocar a todas las organizaciones civiles a sumarse a la movilización. Además, convocaron a una cumbre nacional para hoy lunes 4 de octubre en la ciudad de Santa Cruz. En el documento del encuentro realizado en Potosí los cívicos piden la preservación del Cerro Rico, la industrialización del litio, la defensa de la reserva natural de Tariquía, freno a los avasallamientos de tierras en el oriente, la defensa de la Chiquitanía y la hoja de coca de los Yungas de La Paz. Las leyes cuestionadas son la de legitimación de ganancias ilícitas, el traspaso de Derechos Reales al Ministerio de Justicia, la ley anticorrupción, el nuevo Registro de Comercio, de Emergencia Sanitaria y las que tocan a la FFAA y la Policía.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel. Explicó que en la reunión se analizó la persecución a los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares, trabajadores de educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y de todos quienes defendieron la vida y la democracia, por lo que, dijo, «apoyaremos y participaremos en todas las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, como la gran marcha nacional del 10 de octubre y el paro nacional movilizado del 11 de octubre».
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, confirmó que se pretende unificar a todas las corrientes que coinciden en defender la democracia, la libertad y el estado de derecho, para articular un movimiento de resistencia a las acciones antidemocráticas del gobierno. Ya antes ha habido expresiones de protesta de los médicos que anunciaron su disposición a volver a salir a las calles para defender las libertades y el proceso democrático. También se pronunciaron los gremiales quienes temen que las medidas que está aprobando el gobierno afecten sus intereses, pero además les preocupa que los políticos se aprovechen de las movilizaciones de la ciudadanía. El dirigente del Conade, Manuel Morales, confirmó que llamaron a un encuentro nacional «en defensa de la democracia» y respaldarán la convocatoria de los cívicos. En tanto, el dirigente de las plataformas ciudadanas, Guillermo Paz, adelantó que el 10 de octubre habrá manifestaciones en varias ciudades.
El vocero presidencial Jorge Richter dijo que los cívicos buscan la desestabilización del Gobierno e impunidad por la ruptura constitucional de 2019 y de las masacres, según el medio de comunicación de los cocaleros «Kawsachun Coca». Grupos afines al MAS también anunciaron que se movilizarán para defender al gobierno y advirtieron que esta vez no los encontrarán desprevenidos. Semejantes aprestos del oficialismo y la oposición tienen que preocupar a todos, más aún cuando las instituciones como la Iglesia Católica, y los organismos internacionales como OEA, Unión Europea y otros que en el pasado se constituyeron en medios facilitadores del diálogo y la concertación, han sido atacados por el gobierno y hasta se los acusó de ser parte del supuesto golpe de Estado que se fraguó para perseguir a dirigentes y personalidades que no comparten la ideología del actual régimen.