Bolivia aplicará el «precio internacional» en la venta de combustibles a vehículos con matrícula extranjera o boliviana para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tjcan), que indicó que esa diferenciación que emplea el país es contraria a las normas del bloque.
El procurador del Estado, César Siles, indicó en una rueda de prensa este viernes que por la mañana «fue presentado» el escrito de cumplimiento de sentencia dictada el 17 de julio de 2023 al Tjcan.
En octubre de 2020 Perú demandó a Bolivia por un decreto que se aprobó varios años antes y que fijó un precio diferenciado de los combustibles para vehículos con matrícula extranjera, que es mayor al que se vende a los transportistas bolivianos en su territorio.
En la sentencia del Tjcan de mediados del año pasado se declara «fundada» la demanda de Perú contra Bolivia que señala que la diferencia en el precio «vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia» del bloque.
También otorgó «un plazo máximo de 90 días» para que Bolivia «adopte las medidas necesarias y pertinentes» en cumplimiento al dictamen, que vencía en octubre del año pasado.
El procurador Siles indicó que Bolivia pidió una «prórroga única y excepcional», misma que finalizó este 19 de enero, cuando presentó el documento de cumplimiento al tribunal.
En el texto, Bolivia declara que «cumple estrictamente con lo establecido en la sentencia» del Tjcan puesto que «los transportistas con placa extranjera ya no pagarán un precio mayor que los transportistas con placa boliviana», en tanto estén registrados y autorizados «en el marco regulatorio de la Comunidad Andina».
Y que con esa medida «se deja de vulnerar los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia».
Algunas reglamentaciones bolivianas anteriores establecieron, por ejemplo, que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sería de 8,8 y 8,6 bolivianos (1,27 y 1,23 dólares), respectivamente.
Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de 3,72 y 3,74 bolivianos (unos 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.
También Siles precisó que el Gobierno del Luis Arce aprobó en la víspera un decreto presidencial que indica que «la comercialización de combustibles líquidos» a los vehículos con matrículas nacionales o extranjeras regulados por la Comunidad Andina «se realizará conforme al precio internacional».
El procurador, en una entrevista con la emisora Fides, aclaró que «no hay ningún transportista boliviano registrado» en la Comunidad Andina, sino que los 2.871 operadores y las 97.094 unidades (vehículos) están regulados por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Por lo que afirmó que el cumplimiento de la sentencia del Tjcan no encarecerá el costo de los combustibles a los transportistas bolivianos y mantendrá el subsidio.
La subvención a los hidrocarburos en Bolivia el año pasado alcanzó los 12.678 millones de bolivianos (1.836 millones de dólares).