El Gobierno manifestó este viernes que los bloqueos anunciados por sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), en rechazo a la prórroga de los magistrados, obedece a «intereses políticos» de algunos por «caprichos personales» que quieren «convulsión» y un «acortamiento de mandato».
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo en una conferencia de prensa que la responsabilidad de realizar las elecciones judiciales corresponde a la Asamblea Legislativa, pero que algunas personas intentaron «entorpecer» el proceso de preselección.
Indicó que este «problema judicial» pretenden propiciar un «golpe de Estado», una «desestabilización» y un «acortamiento de mandato» para nuevamente enfrentar a los bolivianos y que no hay una «preocupación real para resolver los problemas».
Prada sostuvo que el Gobierno considera que se deben llevar adelante estas elecciones judiciales acorde a lo establecido en la Constitución y que debe haber un «consenso» para que la Asamblea se llame a la preselección de los candidatos a las magistraturas.
«Como Gobierno nacional hemos venido reiterando una y otra vez que los paros, los bloqueos en nuestro país obedecen únicamente a intereses políticos de algunas personas, de algunos grupos», sostuvo la ministra.
Pidió que «no se haga daño al pueblo boliviano» y que no se «dañe la economía» por «ambiciones personales» o «angurrias de poder» y llamó a una «profunda reflexión» a los actores políticos para no perjudicar a la población.
El presidente Luis Arce agregó durante un acto este viernes, que la intención de las medidas de presión son porque quieren «revertir algunos fallos» que sacó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Una resolución del TCP indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer el mandato por dos períodos, ya sean continuos o discontinuos, lo cual impediría a Morales a ser candidato en las elecciones generales de 2025 en busca de su cuarto mandato.
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, indicó que los bloqueos ocasionarán una pérdida de unos 121 millones de dólares por día.
Exigen renuncias
Los sectores afines a Morales dieron 72 horas para que todos los magistrados renuncien a sus cargos, caso contrario comenzará un bloqueo de carreteras el lunes.
Esta semana también se registraron varias protestas en Sucre, donde se encuentra el Órgano Judicial del país, exigiendo la renuncia de los magistrados, hasta ahora cuatro se alejaron de sus cargos.
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, el TCP y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce indicó que Evo Morales intenta «convulsionar el país», y que la solución es que la Asamblea Legislativa llegue a un consenso para lanzar lo más antes posible la nueva convocatoria para las elecciones judiciales.