Otro despropósito se suma a la larga lista de aberraciones del sistema judicial, mientras el gobierno sigue capeando el clamor nacional por una profunda reestructuración de la justicia. Las evidencias de la subordinación de la justicia al poder político son muchas. El periódico Pagina Siete difundió el contenido de un audio atribuido al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, en el que se revela que esa autoridad llamó a legisladores y dirigentes del MAS para pedirles que sugieran nombres de abogados afines a ese partido para designarlos como jueces. Asimismo, pidió la «unión» de las dos facciones masistas (evistas y renovadores) para afrontar las elecciones judiciales de 2023 con el fin de controlar el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
El periódico revela que una autoridad del Consejo de la Magistratura les confirmó la veracidad del audio y que en dicha reunión participaron al menos cuatro dirigentes de organizaciones sociales del MAS y un diputado representante de Potosí. El medio de comunicación sostiene que tuvo acceso a parte de esa extensa conversación de más de una hora, que incluso se dio en idioma quechua, y se produjo en Sucre, en meses pasados, según confirmó la misma fuente. Es cada vez más urgente la necesidad de reformar el poder judicial y enfrentar de una vez una solución que frene el sometimiento político que terminó por aniquilar todo vestigio de justicia. Anteriormente, el detonante para una cascada de demandas de cambio ha sido el hecho de que se destapen las actividades de los consorcios de jueces, fiscales y abogados, situación anómala que ya se había evidenciado en varias oportunidades en el país, pero que se acentuó desde 2006. A un principio los escándalos alcanzaron grandes proporciones, pero debido a su recurrencia fueron perdiendo la magnitud de la gravedad que representa para el estado de derecho.
Han sido tantos los desvíos del sistema judicial, el oscurantismo, el favor político, encubrimiento y la impunidad, que en este momento pasa ya como noticia común que se libere a presos con sentencia o que aparezcan libres sujetos con amplia trayectoria delictiva, así como que permanezcan encarcelados ciudadanos cuyo único delito fue pensar de diferente manera o asumir diferente ideología. Recordemos el caso de un sujeto acusado de ser asesino serial, que conmocionó por la magnitud de los delitos que se le atribuyen y la forma como mantuvo su impunidad, beneficiado por las presuntas acciones de un consorcio de jueces, fiscales, abogados y otros enlaces que permitían la salida de los recintos carcelarios a reclusos sentenciados. Esta asociación delictuosa ha dado pie a que se inicie una investigación que, como muchas otras, pese a las evidencias, seguramente terminará de la misma manera que otros casos: en el olvido, aunque se apresaron a un juez, una abogada y otros funcionarios judiciales y las investigaciones comenzaron a mostrar la forma como operan esos consorcios. En ese momento debido a la indignación general el gobierno anunciaba la reestructuración judicial, y hasta se dijo desde el oficialismo que la situación era insostenible. Hasta dirigentes de la COB, incondicionales del régimen «masista» que subalternó al poder judicial, expresaron la necesidad de un cambio inmediato. Pero pronto se cambió de opinión y ganó la necesidad de tener bajo control al sistema.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en varios pronunciamientos convocó a todas las fuerzas democráticas a trabajar de forma conjunta para llevar a cabo una profunda reforma del sistema judicial. Las universidades, especialmente las carreras de Derecho, y la mayoría de los colegios de abogados han planteado la necesidad de una reforma profunda e inmediata. El expresidente de la República y que también fue Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Eduardo Rodríguez Beltze, pidió al presidente Luis Arce convoque a los órganos de poder y a la oposición para trabajar en consenso una reforma estructural de la justicia. Un grupo de juristas, del que participa Juan del Granado, elaboró una propuesta de restructuración judicial dirigida a encarar «una verdadera reforma desde la comunidad, para empezar la construcción de un nuevo sistema de administración de justicia», sobre la base de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado y la consulta ciudadana mediante un referendo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó las cuatro preguntas para el referéndum, planteadas por el grupo de Juristas Independientes. Aún faltan pasos procedimentales, pero se trata de un avance que abre la posibilidad de que sea la ciudadanía la que determine la necesidad de la reestructuración.
Para ello el Órgano Electoral debe viabilizar la recolección de firmas de por lo menos un millón y medio de ciudadanos, demandando un referendo que permita modificaciones parciales en la Constitución Política del Estado, en base a las que se podría desarrollar la propuesta. El grupo de juristas planteó cuatro preguntas para el referendo, pero el TSE efectuó algunas modificaciones que, en criterio de los gestores del proyecto de reforma, no alteran el objetivo central. La propuesta de reforma judicial presentada por ese grupo, busca el establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular; fortaleciendo el presupuesto judicial, y buscando la revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz.