El juez del Tribunal Constitucional (TCP) Carlos Calderón renunció a su cargo en medio de las críticas por la ampliación del mandato de las altas autoridades del poder Judicial, al no haberse realizado los comicios judiciales en 2023.
Calderón explicó sus motivos en una carta fechada el 2 de enero, pero que recién trascendió a los medios este miércoles.
En el texto, el magistrado afirma que en estos seis años el TCP desarrolló una «dura y difícil gestión» por «casos difíciles y complejos», en especial el pronunciamiento sobre el ‘Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024’, que fue declarado inconstitucional.
Calderón señala que la norma que fijaba nuevos tiempos para la selección y elección de altos magistrados también dejaba «vacante los Tribunales de Cierre del Estado» y provocaba «una suspensión de plazos de todas las causas ingresadas».
Con ello, los comicios judiciales en 2023 quedaron descartados y a mediados de diciembre, el Constitucional dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de enero para «evitar un vacío de poder» y hasta que se realicen los nuevos comicios judiciales.
El magistrado renunciante consideró que esa decisión judicial «fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana» y que generó «incertidumbre» por lo que Calderón considera «inviable» su continuidad en el cargo.
Además de Calderón, algunos medios reportaron que una otra magistrada del TCP renunció a su cargo, aunque no se ha confirmado.
Polémica prorroga
En la víspera, un grupo de parlamentarios de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), se presentó en Sucre para exigir al fiscal general, Juan Lanchipa, que procese «de oficio» a los magistrados que ampliaron su mandato.
El mandato de los altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional debía concluir este martes.
Habitualmente, cada inicio de año se hacía un acto solemne con la asistencia del presidente del país para la inauguración del año judicial, pero esto no se ha realizado.
La Constitución, promulgada en 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los máximos tribunales del país, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Durante 2023, el proceso de preselección de candidatos no avanzó por medidas dispuestas por salas constitucionales y además por las peleas internas en el MAS que dificultaron la aprobación de leyes en el Parlamento.