La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), mediante un manifiesto denuncia que el sector aurífero minero, en complicidad con instituciones gubernamentales atenta contra las áreas protegidas y vulnera los derechos de pueblos indígenas. El manifiesto fue respaldado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, quien hizo un llamado al mundo, señalando que nunca se permita la minería en áreas protegidas. «Esto viola el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y en el caso de Bolivia, también viola los derechos de la madre naturaleza», escribió el alto personero de la ONU mediante redes sociales.
David R. Boyd compartió, junto a su mensaje, el manifiesto de Contiocap, que cuestiona que los mineros pidan seguridad jurídica, lucha contra los avasallamientos, además de pedir respeto a sus actividades, cuestionando las acciones populares legales que ha presentado la sociedad civil para proteger derechos humanos y la naturaleza. «Resulta paradójico que pidan seguridad jurídica, mientras vulneran la Constitución Política del Estado, los Convenios Internacionales y las leyes, porque en los últimos 17 años los únicos que no tenemos seguridad jurídica somos los pueblos indígenas, las Áreas Protegidas y la Madre Tierra, mientras ellos, los mineros, quieren apropiarse y destruirlo todo. Y encima nuestra defensa de derechos pretende ser criminalizada como avasallamiento», señala el manifiesto.
El organismo de defensa indígena también cuestiona que los mineros auríferos pidan que sus contratos mineros sean aprobados por la Asamblea Legislativa y por la AJAM, y que la Corporación Minera de Bolivia les incremente 5.000 cuadrículas de áreas mineras. «Significa que quieren apropiarse de 125 mil hectáreas más por sobre lo que ya han destruido hasta el momento (1 cuadrícula minera equivale a 25 ha). Contiocap afirma que los mineros «Buscan normas para quedar exentos de pago de impuestos aferrándose a la Ley de Cooperativas bajo el supuesto que son una actividad marginal incapaz de pagar impuestos. Pero se han convertido en el sector más fuerte de la minería, y no pagan los impuestos que cualquier empresa formal o una Pyme paga, como son el IVA, IT, IUE», señala el manifiesto.
Recordemos que los mineros auríferos ocuparon el centro de la sede de gobierno durante dos días, detonando dinamita, destruyendo el ornato público y causando una serie de daños, además de haber perjudicado a la población. Amenazan, además, con bloquear carreteras en caso de que no se atienda sus demandas. Se anunció una reunión de los dirigentes mineros con el presidente Luis Arce para el lunes, pero, según los cooperativistas, ya tienen importantes «adelantos» con el Sernap, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) advirtió que existe contradicción en la Ley de Minería y Metalurgia, con respecto al reconocimiento y respeto de los derechos mineros preconstituidos con la obligatoriedad del cumplimiento de las normas ambientales. Advirtió además que 10 áreas protegidas son amenazadas por la minería. Para abordar esta cuestión de manera integral, se requiere una interpretación legislativa que solo puede ser llevada a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala parte de un comunicado difundido luego de las dos jornadas de bloqueos de cooperativistas mineros auríferos en La Paz.
Por otro lado, mencionó que las áreas protegidas donde actualmente se identificaron amenazas relacionadas con la minería son: la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa; Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi; El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis; Parque Nacional y ANMI Amboró; El Parque Nacional y ANMI Madidi; Parque Nacional Tunari; ANMIN Apolobamba; Reserva de la Biosfera y territorio Indígena Pilón Lajas; El Parque Nacional y PN ANMI Cotapata; y ANMI San Matías. SERNAP en el comunicado expresa su predisposición de corregir «equívocos administrativos» que fueron generados en gestiones pasadas que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Explica que las acciones «correctivas», deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación. Es imprescindible que el país comience a dar señales de respeto a las leyes y que se cumpla la defensa de la madre tierra y el cuidado del medioambiente. Aceptar y atender las demandas de los mineros significaría en retroceso vertical en los poco que se ha hecho para proteger la naturaleza.