Plataformas ciudadanas contrarias al Gobierno de Luis Arce se movilizaron este jueves en Sucre en protesta contra la prórroga de mandato de los máximos magistrados del país, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Decenas de representantes de comités cívicos de algunas regiones y otras plataformas civiles acudieron al llamado del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) para participar en la llamada ‘Marcha Contra el Golpe Judicial’ que recorrió las calles de Sucre hasta llegar a la plaza principal de esa ciudad sureña.
El exsenador opositor Carlos Börth señaló al Movimiento al Socialismo (MAS) como responsable de «lo que está viviendo Bolivia, cuya última manifestación es la autoprórroga de los magistrados después de sabotear las elecciones judiciales en cinco oportunidades» y «quitarle a la Asamblea Legislativa sus atribuciones».
Börth sostuvo que la marcha de esta jornada es «para repudiar a los autoprorrogados» y consideró que la solución «está en la Asamblea Legislativa», donde se debe acelerar el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, pero con la participación de la sociedad civil para que sea transparente.
Los sectores movilizados emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron «rotundamente cualquier intento de prolongar el mandato de los exmagistrados», a quienes tildaron de «golpistas», e hicieron un llamado «a cada ciudadano agobiado por la injusticia» a movilizarse en las calles.
También propusieron que los comités cívicos regionales convoquen a «cabildos abiertos» donde se elaboren ternas para los altos cargos judiciales que se envíen al Parlamento para facilitar la preselección.
En Sucre también está instalada desde hace unos días una vigilia de sectores del MAS afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que rechazan la prórroga de los magistrados.
Elecciones pospuestas
La Constitución, vigente desde 2009, introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, TCP y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista.
A principios de diciembre, el TCP extendió su mandato y el de los otros magistrados para evitar un «vacío de poder» hasta que se realicen las elecciones judiciales este año, lo que provocó varias críticas.
El mandato de los magistrados debía concluir el pasado 2 de enero, pero continúan en funciones, excepto dos jueces del Constitucional que renunciaron.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, denunció este jueves que el órgano Judicial y el TCP perpetraron un «golpe judicial» que llevó a una crisis de la justicia y la «institucionalidad» en el país.
Rodríguez, cercano a Evo Morales, hizo un llamado a las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo a poner «la máxima voluntad» para tratar de inmediato la ley para convocar a la preselección de candidatos.
Por su parte, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa (2003-2005), destacó que una jueza haya negado a los magistrados del Constitucional «una excepción de incompetencia» con la que buscaban frenar la investigación que inició la Fiscalía por una denuncia de esa fuerza política contra la prórroga de sus funciones.
La semana pasada, el órgano electoral pidió al Legislativo que «reencamine» el proceso de preselección de candidatos.