Comunidad Ciudadana (CC) denunció que el Gobierno de Luis Arce propuso al actual canciller, Rogelio Mayta, como nuevo magistrado del país ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).
En declaraciones a EFE, el diputado de CC Marcelo Pedrazas señaló que el Gobierno envió el pasado 17 de agosto la postulación de «tres funcionarios, incluyendo al actual ministro de Relaciones Exteriores».
Pedrazas cuestionó que la terna propuesta por la Administración de Arce vulnera «los principios del TJCAN que indican de forma taxativa que los países miembros tienen sus representantes, pero los Estados son los que envían a sus postulantes» y estos deben estar distanciados de los Gobiernos.
Según el parlamentario, «es la primera vez que se hace la designación de un funcionario en ejercicio, en funciones oficiales como es el caso de estos tres representantes bolivianos».
También remarcó que Mayta «nunca ha ejercido como juez en Bolivia, menos en la comunidad internacional», por lo que «los requisitos de probidad y meritocracia que la propia CAN y su tribunal exigen estarían incumplidos».
Pedrazas, además, consideró que se trata de una «decisión política» por el fallo contrario a Bolivia en una demanda de Perú por el precio diferenciado del combustible a vehículos con matrículas extranjeras que circulan en su territorio, del que fue parte el juez boliviano Gustavo García.
Las autoridades bolivianas cuestionaron en su momento a García y aseguraron que hubo una «anomalía» en su designación porque se efectuó durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) que para la Administración de Arce fue «inconstitucional».
El Gobierno exigió la renuncia de García y, además, le inició un proceso penal por supuesta usurpación de funciones.
Mayta confirmó a los medios que Bolivia hizo las postulaciones ante la «vacancia» que dejó García al renunciar, aunque no dio los nombres de la terna propuesta.
Según el diario El Deber, junto al canciller fueron propuestos el director jurídico del Ministerio de Exteriores, Bernardo Ortiz, y el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
A finales de julio, Mayta indicó que se esperaba la convocatoria de una «Reunión de Plenipotenciarios» para proponer al nuevo magistrado boliviano en el tribunal andino.
La «Reunión de Plenipotenciarios» es la instancia comunitaria andina encargada de designar a los magistrados del TJCAN y Ecuador, como su sede, es el país que debe convocar a ese encuentro.
Por su parte, García explicó entonces a una radio boliviana que presentó su renuncia a la magistratura en junio por «presiones» y «amenazas» recibidas desde el Ejecutivo boliviano, por el proceso penal en su contra y para evitar que se afecte a la «institucionalidad» andina.
Sin embargo, aclaró que continúa «en pleno ejercicio de funciones» en tanto las «autoridades competentes», es decir los plenipotenciarios, acepten su renuncia y la de sus suplentes, y se acepte y tome juramento al nuevo magistrado boliviano.
García remarcó que los jueces del TJCAN no son «funcionarios públicos nacionales de los Estados» y que, al ser ese organismo una entidad «independiente y supranacional», su misión es velar por el cumplimiento del ordenamiento andino, y no así la defensa de sus países de origen.