El próximo viernes 8 de diciembre se clausura la gestión escolar 2023, que arrastró la herencia de la pandemia que perjudicó a los alumnos, pero que también abrió un nuevo espacio para el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías, que lamentablemente, en nuestro país no se supo aprovechar, especialmente en la educación fiscal. Concluyen las labores escolares dejando nuevamente más dudas, reproches y frustraciones aunque las esperanzas siempre están presentes. Fue una gestión marcada por la pretensión del gobierno de imponer el adoctrinamiento político, con el pretexto de aplicar una nueva «currícula», pero la tentativa se estrelló con la resistencia de los maestros y de los padres de familia, de la Iglesia Católica y de otras instituciones sociales y culturales. Lo peor es que se ha desaprovechado una oportunidad para recuperar los perjuicios generados por el paro al que obligó la pandemia.
De hecho, Bolivia no es el único país que tiene dificultades en las políticas educativas de Latinoamérica, pero sin duda es el que más problemas sufre y que ha retrocedido, al calor de la demagogia y de la introducción de factores destinados al adoctrinamiento político, y a la desinformación histórica, sumados a las consecuencias del cierre de escuelas por efecto de la pandemia. Frente a esta realidad, que es parte de la lucha del magisterio y de la preocupación nacional, se abrieron oportunidades que fueron desaprovechadas. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe del Panorama Social de América Latina y el Caribe, aborda los cambios registrados durante la pandemia en la evolución de la estratificación social. También enfoca la preocupante crisis silenciosa de la educación como otra de las grandes consecuencias de la pandemia, así como a las sucesivas crisis que la han acompañado. No obstante, esta crisis también constituye una oportunidad de transformación, según su visión. La utilización de las nuevas tecnologías ha sido la base para la recuperación del tiempo perdido.
Aunque la CEPAL afirma que es un derecho de todos, la realidad pone dificultades a países como Bolivia, que difícilmente pueden aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial a corto plazo. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres decía que para los países en desarrollo supone «la posibilidad de dejar atrás tecnologías obsoletas y llevar los servicios directamente a las personas que más los necesitan». «Pero esto dependerá de que la inteligencia artificial se aproveche de forma responsable y sea accesible para todos», añadió. Actualmente, los conocimientos especializados se concentran en un puñado de empresas y países, lo que podría «profundizar las desigualdades mundiales y convertir las brechas digitales en abismos».
En Bolivia ni se tocó por la epidemia el tema, y durante el año se repitieron los errores del pasado y se cometieron otros que agravan la situación de la educación. Hubo denuncias de «chanchullos» en los exámenes de ascenso para los profesores; se suspendió el proceso de institucionalización de cargos directivos de Educación, porque «en medio del desarrollo de la etapa de Calificación de Méritos y defensa del Proyecto de Gestión Académica-institucional y Curricular de los postulantes de La Paz, un grupo de personas que se identificaron como ponchos rojos de la Provincia Omasuyos; irrumpieron de manera abrupta en la etapa de calificación de un postulante; ingresaron al recinto de manera premeditada; amenazaron y agredieron con golpes y latigazos a los miembros de la Comisión Evaluadora Interinstitucional; cuyo presidente fue amenazado de muerte», según una nota institucional del Ministerio de Educación.
Un hecho que llamó la atención fue la amenaza de procesar a los maestros y la directora de un colegio de Trinidad, Beni, por haber reprobado a 13 alumnos de último curso, que ya habían hecho gastos sobre su viaje de promoción. Los estudiantes de la promoción 2023 del colegio la Salle, en Trinidad, que fueron reprobados por «malas notas», protestaron pidiendo que se les dé otra oportunidad para pasar de curso y denunciaron que sufrieron de bullying por parte de los profesores y la directora durante todo el año. La movilización causó polémica y obligó a la intervención de autoridades departamentales, que en principio apoyaron a los alumnos.
Solange Aguirre Parada, directora del colegio, rechazó las acusaciones y aseguró que los estudiantes son evaluados todo el año y que los reprobados no son resultado de un solo examen, sino de una constante falta en sus estudios. «Se les dio varias oportunidades. Tuvieron reforzamiento desde la primera evaluación», explicó la docente, asegurando que el calendario escolar para sexto de secundaria es diferenciado porque las notas de la promoción deben enviarse antes del cierre de gestión. «Vamos a cumplir toda la normativa establecida, los reglamentos de evaluación. Dirán muchas cosas, se miente, se calumnia, se victimizan», dijo Aguirre. Es verdad que cada vez la calidad de la educación en algunos establecimientos educativos es menor por la presión de alumnos y padres de familia que lejos de buscar conocimientos, solamente se conforman con pasar de curso. Lo peor es que hay establecimientos proclives a ceder a esas presiones.