Quién puede tener confianza en un Consejo de la Magistratura que no se preocupa que magistrados, vocales departamentales de justicia, jueces, desempeñen idónea labor de administrar justicia pronta, oportuna, correcta, si el presidente del Consejo, Gonzalo Alcón Aliaga, en lugar de hacer cumplir «dos convocatorias» para renovar a vocales departamentales de justicia, al parecer las archivó o simplemente encajonó en su escritorio.
Los resultados son funestos, vocales de La Paz nombraron a la exjueza Pacajes, que en estado etílico reveló que la sentencia contra el médico Jhiery Fernández lo había dictado por presión y sin prueba plena, habiéndole sentenciado a 20 años de presidio por supuesta violación a un bebé, el abogado del acusado apeló y espera que vocales de la Sala Penal de La Paz dicten a la brevedad lo legal, porque un «inocente» sufre por la retardación de justicia» y la condena » injusta que le ocasiona angustia».
Al extremo llegó la perversidad contra la sociedad, contra la majestad de la Ley, que la jueza Gloria Rojas del Juzgado 10 en lo Penal Cautelar, quebrantando todo ordenamiento procesal determinó que los procesados por nexos con el narcotráfico Gonzalo Medina y Fernando Moreira, expolicías dados de baja, cumplan detención preventiva en «celdas de la Felcc», provocando la protesta del pueblo cruceño.
Es un privilegio contagioso, con esa infeliz decisión de la jueza todo antisocial llevado a juicio irá alegre porque ya sabe que, a título de detención preventiva, lo hospedarán poco menos que en hoteles.
Ante la insólita resolución de la jueza, los miembros del Consejo de la Magistratura callaron y no la destituyen generando «sospechas» en el colectivo social.
Parece existir una relación externa subterránea con el tejido delincuencial que habría armado el exdirector de la Felcc de Santa Cruz que tendría vínculos a todo nivel como se desprende de la declaración del procesado Gonzalo Medina, que seguro para ella fue enternecedor y habría optado por desconocer la norma procesal penal.
La responsabilidad para que haya esa clase de operadores de justicia la tiene el Consejo de la Magistratura.
Duro revés a quienes solo sirven para archivar «dos convocatorias» burlándose de la buena fe de cientos de postulantes, atentando contra la dignidad profesional de quienes se inscribieron y presentaron su currículum vitae, para nada.