El gobierno ha virado su posición de defesa de la naturaleza y olvidó los derechos de la Madre Tierra, desarrollando una política contra el medioambiente, y tolerando el deterioro de los ecosistemas. Una de las últimas disposiciones gubernamentales ha generado reacciones de pobladores y activistas ambientales por la decisión de otorgar licencias ambientales a los proyectos hidrocarburiferos Domo Oso, Churumas y Astillero, sin el consentimiento de las comunidades afectadas.
El país requiere generar recursos para cubrir las necesidades del país, empero es necesario también armonizar los proyectos con la protección de la naturaleza y el respeto a las normas legales vigentes. Es indispensable comprender que no se puede desarrollar proyectos agresivos afectando el medioambiente, atacando la naturaleza, rompiendo el equilibrio en los ecosistemas, y vulnerando, además, mandatos constitucionales como el derecho de las poblaciones afectada a ser consultadas.
Como antes se hizo con la carretera en el Tipnis, ahora se dispone, trabajos en busca de gas y petróleo sin el consentimiento de las comunidades afectadas, ni haber cumplido con la consulta previa, libre e informada. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entregó la licencia medioambiental a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco, para que desarrolle proyectos de perforación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. De acuerdo con los documentos, tras realizarse un «estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral» de los proyectos, se determinó el permiso para la ejecución del proyecto.
A esta determinación se suman una serie de proyectos de construcción de represas, proyectos mineros, carreteros y otros, que afectarán al medioambiente y la biodiversidad, ya comprometidos con el descuido de la forma como trabajan las empresas mineras contaminando los ríos. Asimismo, para nadie es un secreto la absoluta falta de control en las cooperativas mineras; las quemas para habilitar tierras de cultivo y pastizales; los incendios forestales y la actividad industrial y del transporte automotor, que se ha multiplicado en los últimos 20 años.
En las últimas tres décadas se ha logrado hacer declarar 62 áreas protegidas en el país para preservar los recursos naturales, la biodiversidad y los pulmones del país que son los bosques. Sin embargo, Bolivia pierde 10 hectáreas de bosques cada cinco minutos debido a la acelerada deforestación, según el director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (Dgbap), Eduardo Forno, quien sostuvo que se está dando una acelerada deforestación afectando la supervivencia de valiosas especies de flora y fauna.
Son muchos los elementos que muestran el cambio de posición del gobierno en torno al cambio climático, pese a haber sido propiciador de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que en su momento fueron considerados como un avance importante y un ejemplo para la humanidad.