Bolivia ha asumido compromisos internacionales para proteger el medio ambiente, a la madre tierra y la biodiversidad, pero en los hechos se permite una permanente agresión a la naturaleza. Frente a esta realidad, más de 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe ante las Naciones Unidas, denunciando la violación de los derechos al medioambiente por parte del Gobierno. Se denunciaron también los continuos avasallamientos de tierras, en los que instituciones del Estado muestran permisividad para las acciones delictivas de grupos armados en el oriente del país.
«Los avasallamientos y conflictos por tierras en el oriente boliviano, particularmente en la Chiquitanía, hechos relacionados con la permisividad de acciones irregulares por instituciones estatales responsables de la regulación sobre territorios, bosques y áreas protegidas (INRA, ABT, Sernap)», se señalan en el documento. «Es una constante preocupación la presencia de grupos irregulares armados dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas», indican las organizaciones. En el documento, además, denuncian la expansión de la minería legal e ilegal, particularmente en las áreas protegidas y en la región amazónica, como en el Parque Nacional Madidi; así como la ampliación de la frontera hidrocarburífera y agropecuaria, principalmente en zonas altamente sensibles.
Anteriormente, parlamentarios de oposición enviaron notas a las oficinas de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Alto Comisionado de ONU, poniendo en conocimiento las acciones de fiscalización realizadas a objeto de que el Órgano Ejecutivo active las competencias de defensa que manda la Constitución Política del Estado.
Precisamente, en estos momentos se analizan estos temas en la Conferencia de Biodiversidad, también conocida como COP15, que se desarrolla en Montreal, Canadá, donde los expertos y diplomáticos establecerán nuevos objetivos y metas destinados a detener la alarmante disminución de la naturaleza, como resultado de la actividad humana.
La reunión se anuncia como una de las de mayor importancia para la biodiversidad, porque se espera que conduzca a la adopción de un nuevo Marco Global de Biodiversidad, que guiará las acciones en todo el mundo hasta 2030 para preservar y proteger la naturaleza y los servicios esenciales que ofrece a la humanidad. Mientras tanto, el planeta está experimentando su mayor pérdida de vidas desde los dinosaurios: un millón de especies de plantas y animales ahora están en peligro de extinción. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en el evento describió a la humanidad como un arma de extensión masiva que «trata a la naturaleza como un retrete» y va camino del «suicidio por poder (delegado)», en referencia al costo humano asociado con la pérdida de la naturaleza y biodiversidad.
Sugirió que la respuesta podría estar en un acuerdo mundial sobre biodiversidad que aborde los factores que impulsan su disminución, cambiando el uso de la tierra y del mar, deteniendo la sobreexplotación de especies, frenando el cambio climático y la contaminación, acabando con la introducción de especies no autóctonas invasoras. El Secretario General resumió las medidas que deben tomarse para salvar la naturaleza en tres áreas principales. La primera implica la implementación de planes nacionales que desvíen los subsidios y las exenciones fiscales de las actividades que contribuyen a la destrucción de la naturaleza hacia soluciones ecológicas como la energía renovable, la reducción de plásticos, la producción respetuosa de alimentos con la naturaleza y la extracción sostenible de recursos. Estos planes también reconocerían los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La segunda se refiere al sector privado que debe reconocer que las ganancias y la protección deben ir de la mano, lo que significa un cambio de la industria alimentaria y agrícola hacia la producción sostenible y los medios naturales de polinización, control de plagas y fertilización. La tercera busca el apoyo financiero mejorado a los países del Sur Global.
Anteriormente, el 28 de julio pasado, con 161 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra, la Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. El texto, que ha sido patrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales. También reconoce que el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho, y que los daños ambientales tienen implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.