El crimen organizado crece, avanza y envilece todo lo que toca, se esconde y repta por las sinuosidades del sistema, y pasa inadvertido, pese a tener rostro e identificación, pero al actuar desde las sombras se camufla aprovechando las manifiestas debilidades que algunos Estados padecen en los pilares de la institucionalidad, pervirtiendo la justicia, la policía y la administración. Sus manifestaciones son altamente dañinas y algunas veces violentas, pero la sociedad se ha acostumbrado a su presencia, y solamente atina a esconderse o huir, cuando ya es demasiado tarde.
Los ejemplos son muchos y las lecciones de la inseguridad en México y Centroamérica; Venezuela y Colombia, deberían hacer meditar a todos los gobernantes y a todas las autoridades de la región, especialmente en nuestro país. Un informe de la ONU estima que el crimen organizado tiene una relación compleja con el aumento de la inseguridad y la violencia en Latinoamérica, influenciada por una serie de otros factores que afectan a la seguridad. El informe analiza seis amenazas que afectan el desarrollo humano en la región: la delincuencia callejera, el crimen organizado, la violencia contra y por los jóvenes, la violencia de género, la corrupción y la violencia ilegal por parte de actores estatales.
En nuestro país, además de estas amenazas, existen otras que rebasan la capacidad del Estado, aunque se niegue a reconocer esta realidad. La justicia, los operadores de justicia, se han envilecido por la corrupción; en la Policía, muchos de sus miembros incluyendo de la más alta jerarquía, han caído en las redes de los corruptos y corruptores, y en la Aduana, pese a los esfuerzos por su modernización, la filtración del contrabando muestra que es capaz de todo, hasta de comprometer a gran parte de pobladores de las zonas fronterizas. Estos extremos se confirmaron en los últimos días, con varios hechos violentos. Hubo dos enfrentamientos armados entre fuerzas militares y contrabandistas, con un saldo luctuoso. Un grupo de defraudadores y tropas de seguridad se enfrentaron la semana pasada en Pisiga, Oruro, frontera con Chile, luego de que se interceptaron cuatro camiones con contrabando. Tres camiones fueron quemados. Otro enfrentamiento entre contrabandistas y uniformados ocurrido en alrededores de la población de Eucaliptus, a 72 kilómetros de la ciudad de Oruro, con un saldo de cuatro efectivos heridos y una mujer herida de bala, cuando una columna de vehículos indocumentados intentó ingresar a territorio nacional por caminos clandestinos.
En el Chapare, un grupo de narcotraficantes emboscó a una patrulla de efectivos de antinarcóticos que detectó una avioneta en un camino vecinal. El 2 de marzo, un grupo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) sufrió el ataque de presuntos narcotraficantes que se encontraban en una pista clandestina, en el Sindicato San Rafael, del municipio Villa Tunari, en Cochabamba. Según los reportes policiales, un grupo de encapuchados, haciendo uso de armas de fuego de grueso calibre, atacó a la patrulla, dejando a dos soldados heridos. Campesinos de la región apoyaron a los presuntos narcotraficantes por lo que se desarrolló un operativo para dar con estas personas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que 10 comunarios de la zona de San Rafael, fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la «emboscada». Durante el operativo también fueron detectadas y destruidas 13 fábricas de cocaína. Los caminos vecinales que se encuentran en la región del trópico de Cochabamba son acondicionados y usados como pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas que se dedican al traslado de sustancias controladas, según informes de prensa que reproducen declaraciones del vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Chapare, Andrónico Rodríguez. Mientras tanto, en el oriente del país, dos grupos de narcotraficantes se enfrentaron a bala en la localidad fronteriza de San Matías (Santa Cruz), hecho que está en etapa de investigación por la Policía. El nuevo caso fue confirmado por el ministro Carlos Romero. En otro ámbito de la violencia, ayer se conoció un dato alarmante. El ministro Romero, aseguró que 40% de los hechos de violencia y criminalidad que se presenta cada año en el país –esto es cuatro de cada 10 casos-, se refieren a delitos de violencia intrafamiliar o doméstica. Probablemente el país todavía esté a tiempo para frenar una escalada de violencia que podría poner en grave riesgo la seguridad nacional. Es necesario que los mecanismos del Estado sean puestos al servicio de la protección del país y la población en cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes orgánicas de la Policías y de las Fuerzas Armadas, y que se preserve a estas instituciones de incursiones políticas.