El presidente Luis Arce aprobó una norma que crea dos fideicomisos para otorgar créditos a los productores con la finalidad de reactivar la industria nacional y sustituir las importaciones.
En un acto en la casa de Gobierno en La Paz, Arce promulgó un decreto supremo que crea un fondo inicial equivalente a unos 130 millones de dólares destinado a los pequeños y grandes productores del país que «quieran ingresar en la etapa de sustitución de importaciones» para «sacar a Bolivia de esta crisis».
Ambos fideicomisos están destinados para la reactivación de la industria nacional con la finalidad de otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas del sector productivo con una tasa de interés de 0,5 por ciento anual y a 15 años de plazo.
Estos créditos pueden ser utilizados para el capital de operaciones o de inversión de los pequeños, medianos y grandes productores.
Arce indicó que el desafío es «convertirnos en productores que sustituyan productos importados, tanto de bienes finales, como de materias primas».
«La tarea que nos estamos planteando es de construir un país industrializado, es empezar sustituyendo gran parte de esos insumos importados y que gran parte de estos productos ya producimos en Bolivia y que hoy por hoy estamos importando», sostuvo.
El mandatario también exhortó a la población a consumir la producción local en vez de los productos importados.
El decreto promulgado por Arce autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural suscribir contratos de fideicomiso con los estatales Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión.
Los recursos de esta medida económica provendrán de saldos disponibles de fideicomisos constituidos con dinero público.
En junio pasado, el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez aprobó mediante un decreto un plan de reactivación de empleos con diversas medidas económicas, incluidos fideicomisos, para dar prioridad a la inversión pública en ciertos sectores y fomentar el consumo de productos nacionales.
El Gobierno de Arce anuló la semana pasada una serie de normas aprobadas por Áñez, incluido el citado decreto, al considerar que favorecían solamente a algunos «grupos de poder» y que no estaban bien fundamentadas.