El Gobierno defendió este jueves la decisión del presidente Luis Arce de restituir a un ministro censurado por el Legislativo, ante el anuncio de la oposición de que impulsará un juicio de responsabilidades en contra del mandatario por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a los medios que el Ejecutivo considera «que es inapropiado» enjuiciar al presidente porque su decisión de ratificar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue «de pleno cumplimiento de la normativa vigente».
Alcón insistió en que primero se cumplió con la destitución de Del Castillo, como lo señala la Constitución en caso de que un ministro sea censurado.
Remarcó que la misma Constitución también «le da la tuición al presidente de elegir el equipo que lo va a acompañar» y que por eso Del Castillo fue restituido.
«Vamos a continuar con el trabajo, el cumplimiento de la normativa, no ha existido vulneración a la misma», señaló Alcón e indicó que, por el contrario, las autoridades ven una supuesta intención de «buscar y generar desestabilización ante la falta de propuestas que existe».
Del Castillo fue censurado el 27 de junio por 101 de los 144 legisladores que acudieron a una interpelación propuesta por parlamentarios opositores por el contrabando de vehículos robados en Chile, y que se dio en medio de las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS).
La censura fue respaldada por los legisladores de CC, los de la también opositora Creemos y los del bloque «evista», es decir, los oficialistas cercanos al expresidente Evo Morales, lo que fue visto como una «traición» por los llamados «arcistas» o afines a Luis Arce.
El 29 de junio, Arce destituyó y después ratificó a Del Castillo en el cargo amparándose en que la carta magna le otorga la atribución exclusiva de designar a sus ministros, aunque sus críticos consideraron que violó la Constitución.
El martes, la principal fuerza opositora en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC), anunció la presentación de una proposición acusatoria para pedir un juicio de responsabilidades contra Arce por la restitución de Del Castillo.
Los parlamentarios de CC señalaron que el mandatario desconoció la decisión del Legislativo de censurar al ministro y cometió el delito de «resoluciones contrarias a la Constitución» al volver a ponerlo en el cargo.
La Fiscalía tiene 30 días para rechazar o aceptar la proposición acusatoria y requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento, que después deberá ser enviado al Legislativo para que lo autorice.
La destitución y restitución casi inmediata de ministros fue utilizada por la expresidenta interina Jeanine Áñez ante las censuras del Legislativo, con mayoría del MAS, durante el Gobierno transitorio.