El Gobierno pidió este jueves al Legislativo evitar los «retrocesos» en los avances conseguidos con la aplicación de la ley contra la violencia hacia las mujeres, después de que un grupo de senadores oficialistas planteó modificarla al considerar que vulnera los «derechos de los hombres».
El Ministerio de Justicia difundió un pronunciamiento en respuesta a los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS) que pidieron modificar la ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia’, o Ley 348, por considerarla «complicada» y que «atenta contra los derechos de los hombres».
El Ministerio sostuvo que una reforma a la ley «no pasa por reducir el patriarcado a una lucha de mujeres contra hombres, peor aún» si estos cambios «plantean retrocesos en los pequeños avances conseguidos» y buscan «poner a las mujeres en la silla de los acusados», cuando deberían ser los operadores de Justicia quienes respondan por la «mala aplicación» de la norma.
Por esto, cuestionó «qué acciones de fiscalización ha promovido la Asamblea Legislativa para establecer la implementación de esta norma o qué acciones de fiscalización concretas ha realizado ante los casos por los cuales quieren fundar medidas regresivas» para la sociedad.
«La situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional. En ese marco, el debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para evadir la Justicia buscando tener impunidad», remarcó el Ministerio.
Agregó que el Gobierno «ratifica su compromiso de protección a las víctimas de violencia de género y no abrirá ninguna medida normativa en desmedro» de menores que sufrieron violencia sexual y, aunque reconoce sus «fallas», seguirá fortaleciendo el sistema de protección y de justicia «en favor de las víctimas y no así de sus victimarios».
Insistió en que el planteamiento de revisión de una ley «concebida como un avance para los derechos de las mujeres no debiera ser regresivo», pues la promulgación de la norma en 2013 respondió a «recomendaciones internacionales que convocaban al Estado a adoptar medidas» en favor de la población femenina ante la desigualdad y violencia.
También reconoció que la ley «resultó para las mujeres un avance a medias, puesto que su aplicación está prevista -indistintamente-, para todas y todos», por lo que en los últimos años colectivos feministas han reclamado reformar la norma para tener una «específica para las mujeres».
Cifras de violencia
El ministerio afirmó que la ley responde a los «altos índices de violencia» hacia las mujeres en el país, donde 75 de cada 100 mujeres mayores de 15 años alegaron ser víctimas de violencia por parte de sus parejas, según la Encuesta de Prevalencia de 2016.
Además mencionó datos de la Fiscalía que señalan que entre 2013 y marzo de 2024 se registraron 1.189 víctimas de feminicidios, 358.478 víctimas de violencia familiar o doméstica y 83.947 de violencia sexual, con un total de 443.614 denuncias por violencias de género.
Según datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, hasta el momento 18.459 personas están recluidas por este tipo de delitos, lo que supone que «del total de las denuncias citadas, solo el 4,16 % han merecido, a través de una medida cautelar o una sentencia ejecutoriada, el presidio, para hombres (97,3 %) y mujeres (2,67 %)».
«Mencionar estos datos estadísticos no es hacer demagogia como manifestaron autoridades del Legislativo, sino es graficar la realidad en la que se encuentran las mujeres ante el Estado, la sociedad y la justicia», indicó el Ministerio.
Los senadores del MAS que plantearon las reformas criticadas por el Ejecutivo son cercanos al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Su propuesta también fue rechazada por grupos feministas que aseguraron que las modificaciones que plantean eliminarían la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización.
Diferentes organizaciones feministas reclaman desde hace años cambios a la Ley 348 por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias por violencia machista.