El litio será para Bolivia el nuevo eje económico para el desarrollo y crecimiento económico, generará más de 40 industrias relacionadas a este producto, y tendrá efecto multiplicador en la economía, impulsando otros campos y sectores, según el presidente Luis Arce Catacora. El jefe de Estado recordó que en 2005 se diseñó el modelo económico social comunitario productivo para enfrentar al viejo modelo neoliberal. Aclaró que ese modelo fue implementado a partir de 2006 y tuvo como base la explotación e industrialización de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos. «Así lo hicimos con los hidrocarburos. Lo hacemos con el litio y será así con todos los recursos naturales», aseguró el presidente Arce.
El jefe de Estado, explicó que para la industrialización del litio boliviano se llegó a un acuerdo con una empresa china que hará toda la cadena productiva, desde la explotación, la industrialización y comercialización. «Pero nosotros haremos la minería, y en la parte de industria ingresa la empresa china hasta la comercialización, pero durante toda la etapa el Estado boliviano participa de todas las ganancias y las utilidades», dijo.
Recordemos que, en enero, el Gobierno nacional firmó un convenio con la asociación empresarial china de CATL, Brunp, y CMOC para explotar el litio en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro) mediante el sistema EDL (Extracción Directa de Litio). El convenio fue calificado de ilegal por el asesor del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Carlos Zuleta, ya que contradecía la Ley 928 y la 535, que establecen que el Estado debe tener una participación del 100 por ciento en la extracción del litio.
La Fundación Solón hizo un análisis de los proyectos sobre el litio en relación a la legislación nacional, efectuando algunas observaciones, entre ellas, que el Estado debe ser el mayor accionista en cualquier sociedad que se realice. Según una publicación de prensa, el investigador y autor del análisis, José Carlos Solón, señaló que las propuestas normativas entran en contradicción con la soberanía. «Esta cuestión de soberanía es bien profunda, es algo que está muy dentro de todos los actores de la región» señala Solón y precisa que «más que una ideología», él ve una cuestión de principios sociales. «Sin embargo, esto entrará en contradicción con el acuerdo con los chinos de la CBC», dijo.
El investigador en el negocio del litio Jorge Espinoza también señaló que la decisión de mantener un 100 por ciento de participación estatal en la extracción del litio no responde a criterios económicos o prácticos. «El proyecto boliviano que arrancó en mayo de 2008 -va a cumplir 15 años- y no ha producido en su planta piloto una sola tonelada de carbonato de litio grado batería», señaló. Considera que, en este momento, ninguna empresa extranjera podría participar en la extracción del litio debido a las leyes de YLB y de Minería. Aun así, las compañías chinas ya se aseguraron un potencial proveedor de litio para la fabricación de baterías en el extranjero.
Aunque los negocios del litio avanzan con poca transparencia y denuncias de supuestas ilegalidades, los proyectos para regular este sector aún deben ser tratadas en el Legislativo. Recordemos que, en el acto de suscripción del acuerdo, el presidente Luis Arce afirmó que Bolivia proyecta exportar baterías de ion litio en el primer trimestre de 2025, año del bicentenario. «Hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio, hoy es un día histórico para todos los bolivianos. No hay tiempo que perder, el país no puede esperar más, el país no puede experimentar más, tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valioso recurso natural», dijo Arce. El documento fue suscrito por el presidente de YLB, Carlos Ramos, y el representante de CBC, Qinghua Zhou, en un acto público en la Casa Grande del Pueblo. Además, el presidente Arce explicó que YLB estará involucrada en toda la cadena de industrialización, desde la extracción hasta la comercialización de productos transformados de litio.
Lamentablemente no se hizo conocer el contenido del convenio, que debe ser público, y ojalá no contenga anexos reservados. El país tiene derecho a saber cómo se manejan sus recursos naturales, además de existir previsiones expresas en la Constitución Política del Estado y las normas legales, que protegen estos recursos. Una de las reacciones que expresan preocupación ha sido del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), que exige transparencia y conocer los contratos con el consorcio chino que impulsará la extracción directa de litio (EDL) y construirá dos complejos industriales en los salares del país.