El pueblo boliviano tiene derecho a saber el destino del patrimonio nacional, de sus recursos naturales y de la forma como se manejan los bienes del Estado. Durante los últimos años, un manto de opacidad se ha tendido sobre las operaciones de las instituciones y muchas veces el país se entera de determinadas situaciones por informes del exterior o por el trabajo de analistas e investigadores. Por ello no extraña que asuntos ligados a los hidrocarburos bolivianos se conozcan primero en otros países. Desde Brasil llegaron informes sobre la decisión de Petrobras de poner fin a sus operaciones en Bolivia.
Esa decisión sin duda correspondería a los brasileños, si se tratara solamente de intereses de esa empresa, pero resulta que los alcances de esa operación involucran patrimonio que se creía boliviano. Es más, de esos informes surgen varias interrogantes sobre la verdad en relación a la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Hubo realmente una nacionalización? Es necesario que se efectúe una auditoria y una investigación integral a YPFB, en todas sus ramificaciones y los contratos de operaciones, para transparentar sus operaciones, establecer la realidad de los yacimientos y las potencialidades.
El diario O Globo de Brasil informó que Petrobras está en negociaciones para disponer de sus actividades de exploración y producción de gas en Bolivia así como su participación en el gasoducto Gas TransBoliviano SA. El informe detalla que la estatal brasileña se encuentra en negociaciones para vender, además de los campos de producción, las tres unidades procesadoras de gas natural (UPGN) que tiene en Bolivia.
La petrolera estatal boliviana se ha limitado a informar que YPFB Transporte S.A., como socio mayoritario de Gas TransBoliviano (GTB), no recibió ninguna comunicación oficial sobre la supuesta intención de venta de acciones en esa empresa por parte del socio minoritario, Petrobras Gas S.A. Pero el informe que llega de Brasil es muy claro, y hace referencia a sus intereses en producción, exploración, comercialización y también en lo que se refiere al gasoducto. La producción de hidrocarburos ha sido y probablemente siga siendo el sostén de la economía nacional, y su buena administración una alta y prioritaria responsabilidad. Lamentablemente, el anterior gobierno del MAS se dedicó a sobreexplotar los campos gasíferos y olvidó que nada dura para siempre, y solamente cuando los trabajadores petroleros advirtieron de los riesgos de agotamiento de las reservas, las autoridades anteriores intentaron apresuradamente pedir a empresas transnacionales que busquen más hidrocarburos. Debido a la inseguridad jurídica no hubo éxito alguno
El agotamiento de los campos tradicionales fue alertado por los expertos nacionales, pero el anterior gobierno ocultó información y contrariamente hizo anuncios falsos sobre nuevos campos y hasta aseguraron que habían descubierto un mar de gas y petróleo. El gobierno transitorio, limitado por sus atribuciones, nada hizo por investigar ni generar una nueva política de hidrocarburos. La actual administración se ocupa de otros asuntos políticos y nuevamente se está descuidando al sector energético. YPFB es una empresa estratégica que debe ser administrada con los mejores recursos profesionales y tecnología de punta. Analistas económicos, especialistas en hidrocarburos y políticos han expresado su preocupación sobre la necesidad de conocer la realidad de YPFB. Por ello una auditoria integral independiente es de urgencia capital para que el país pueda conocer la realidad de las empresas subsidiarias; la situación actual de las reservas probadas de hidrocarburos, y que destino se dio a las decenas de miles de millones de dólares que ingresaron en los últimos 15 años por las exportaciones de gas a Brasil y Argentina.