El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló este lunes el reglamento y la convocatoria para la preselección de altas autoridades judiciales, que obliga a la Asamblea Legislativa a impulsar un nuevo proceso con la aplicación de la votación por dos tercios.
La sentencia 60/2023, que fue aprobada «por unanimidad» por los nueve miembros del TCP, se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó un diputado nacional al reglamento y primera convocatoria que emitió el Legislativo en abril.
El fallo también afecta a una «Ley Transitoria» que modificó los plazos para que las elecciones judiciales se celebren este año.
En una comparecencia ante los medios, el presidente del TCP, Raúl Franco, indicó que en un primer caso se ha declarado la inconstitucionalidad «por la forma» en que la convocatoria establece los requisitos para los postulantes a los máximos tribunales judiciales en Bolivia.
Mientras que en un segundo aspecto, la sentencia expresa que «el desarrollo, convocatoria, los derechos, los límites y toda otra cuestión, deba hacerse necesariamente e imprescindiblemente por dos tercios de voto» del Parlamento, precisó Franco.
En el Legislativo el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría, pero no alcanza a los dos tercios de votación para la aprobación de las normas más importantes, en donde la oposición es determinante.
«Solamente un debate en el que pueden participar mayorías y minorías ha de garantizar un adecuado proceso de selección», recalcó el presidente del TCP.
La sentencia incorpora una exhortación al Parlamento para que «pueda cumplir las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas» y «en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de la preselección y elección de las máximas autoridades judiciales».
«Las normas que han sido impugnadas (convocatoria y reglamento) además que la última ley por conexitud (‘Ley Transitoria’) están expulsadas del ordenamiento jurídico», dijo Franco.
A finales de marzo pasado, el Parlamento aprobó la convocatoria y el reglamento para la preselección de candidatos al Poder Judicial con la mayoría del MAS, algo que desencadenó las protestas de la oposición.
En abril, con el proceso en curso, un fallo de una corte constitucional ordenó al Legislativo iniciar «desde cero» el procedimiento que, nuevamente en desarrollo, quedó en «suspensión provisional», esta vez por decisión del TCP.
Luego a finales de junio, el Parlamento aprobó, con la mayoría oficialista, una «Ley Transitoria» que estrechó los plazos para garantizar que los comicios judiciales se realicen este año, que es cuando finaliza el mandato de los magistrados electos en 2017.
Sin embargo, el nuevo proceso no se inició a falta del pronunciamiento del Constitucional sobre los casos pendientes que llegó esta jornada.
La Constitución promulgada en 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los principales tribunales con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del MAS para elegir a magistrados afines al oficialismo.