El Gobierno de Luis Arce anunció este lunes que aguarda a la convocatoria de una «Reunión de los Plenipotenciarios» para proponer a su nuevo representante ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) después de que el actual juez boliviano fallase a favor de Perú en una demanda contra Bolivia.
«Estamos a la espera de que las instancias de la Comunidad Andina (CAN) puedan convocar a esta reunión de plenipotenciarios para que el Estado boliviano pueda hacer uso de esta prerrogativa que tiene y nombrar o proponer a otra persona que cumpla esta representación dentro del TJCAN», dijo en una rueda de prensa el canciller Rogelio Mayta.
La «Reunión de Plenipotenciarios» es la instancia comunitaria andina encargada de designar a los magistrados del TJCAN y Ecuador, como su sede, es el país que debe convocar a ese encuentro.
Mayta reiteró las críticas del Gobierno de Arce hacia el juez boliviano Gustavo García, uno de los magistrados andinos que falló a favor de Perú en su demanda contra Bolivia por el precio diferenciado del combustible a vehículos con matrículas extranjeras que circulen en su territorio.
El canciller insistió en que hubo una «anomalía» en la designación de García porque se efectuó durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez que para la Administración de Arce fue «inconstitucional».
La Cancillería «vio por conveniente exhortar» a García «que pueda dar un paso al costado», pero ante una «situación de negativa y poco decorosa» por parte del juez, se decidió iniciar «hace bastante tiempo» y «en un marco de discreción» un proceso penal en su contra por sus «actuaciones anómalas», explicó.
En ese proceso también está incluida la canciller interina de Áñez Karen Longaric, según información del Ministerio de Justicia.
Perú demandó a Bolivia ante el TJCAN en 2020 por un decreto que rige desde 2009 y que estableció el precio diferenciado de los combustibles para vehículos con matrícula extranjera, que es mayor al coste subvencionado al que acceden los transportistas bolivianos.
En la sentencia del tribunal andino, conocida hace casi dos semanas, se declara «fundada» la demanda de Perú que señala que la diferencia en el precio «vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia» del bloque.
En una entrevista con la radio Fides, García explicó que los magistrados titulares emitieron su voto sobre la disputa en noviembre de 2022, y como hubo un empate, se convocó a un suplente para que «dirima» el caso, como lo establecen las normas andinas, y el pronunciamiento de este juez se conoció este mes.
García sostuvo que presentó su renuncia a la magistratura en junio pasado por «presiones» y «amenazas» recibidas desde el Ejecutivo boliviano, por el proceso penal en su contra y para evitar que se afecte a la «institucionalidad» andina.
Sin embargo, aclaró que continúa «en pleno ejercicio de funciones» en tanto las «autoridades competentes», es decir los plenipotenciarios, acepten o no su renuncia y la de sus suplentes sin que se haya designado a sus reemplazos.
Si las renuncias son aceptadas, Bolivia deberá presentar una nueva terna para que los otros miembro del bloque verifiquen primero si estos candidatos cumplen los requisitos para ser magistrados y luego sean posesionados.
García remarcó que los jueces del TJCAN no son «funcionarios públicos nacionales de los Estados» y que, al ser ese organismo una entidad «independiente y supranacional», su misión es velar por el cumplimiento del ordenamiento andino, y no así la defensa de sus países de origen.