El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este miércoles una resolución para que el Parlamento reconozca la prórroga de mandato de los magistrados antes de iniciar el tratamiento de la ley que convoque a los comicios judiciales, que debían realizarse al año pasado.
El auto constitucional 034/2024 firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores establece que el Legislativo «con carácter previo» a tratar el proyecto de ley 144 «debe acatar» la disposición constitucional 049/2023, que extiende las funciones de los jueces de las principales cortes del país.
El Parlamento debe realizar ese reconocimiento «en sus diferentes etapas, incluyendo las fases previas», por lo que debe notificarse al presidente del Legislativo y a todos los parlamentarios, refiere el documento del TCP.
En diciembre pasado, los jueces del TCP ampliaron su mandato y el de los magistrados y consejeros de las principales cortes del país para evitar un «vacío de poder», hasta que se realice una nueva elección judicial.
La decisión fue rechazada por la oposición y el ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), que respalda a Evo Morales.
Los partidarios del exgobernante iniciaron el pasado 22 de enero un bloqueo de caminos que se concentró en el departamento de Cochabamba, por el que pasan las principales carreteras que unen al oriente con el occidente del país, y que generó la escasez o encarecimiento de algunos productos de primera necesidad.
Como respuesta, una comisión multipartidaria trabaja para redactar una norma de consenso que dé vía libre a la realización de los comicios judiciales para que se levanten las protestas.
Las reacciones
«Los miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional pretenden dar órdenes al Primer Órgano del Estado. Sus acciones violan la Constitución, cometen el delito de usurpación de funciones y son una amenaza para la democracia. Todos sus actos son nulos de pleno derecho», escribió Evo Morales en la red social X.
Mientras que el también expresidente Carlos Mesa (2003-2005), líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dijo que los magistrados «han sobrepasado todo límite de legalidad, ética y racionalidad» al intentar anular las competencias del Legislativo.
«No podemos permitir esta aberración inédita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democrático», afirmó.
Por su parte, el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, afín al Gobierno de Luis Arce, remarcó que todas las resoluciones del Tribunal Constitucional «son de cumplimiento obligatorio», por lo que garantizó que la nueva ley que llame a las judiciales se hará sin dejar «sin cabeza» a un poder del Estado.
Mercado detalló que la comisión multipartidaria trabajó de forma «satisfactoria» pero, pese a esto, no se pudo llegar a acuerdos plenos, por lo que volverán a reunirse este jueves por la mañana.
La notificación del Constitucional al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, llegó cuando aún la comisión trabajaba en la redacción de la nueva ley, declararon algunos legisladores.
Carlos Alarcón, diputado de la opositora CC, consideró que la resolución del TCP es un «boicot al trabajo del Parlamento ya que la posición de su partido es que la nueva ley establezca «el cese de funciones» de los magistrados que se prorrogaron.
«No nos vamos a prestar al juego tramposo sucio que quiere hacer el Gobierno con estos (magistrados) usurpadores», enfatizó.
La Constitución establece las elecciones judiciales por voto popular cada seis años, con postulantes previamente seleccionados por la Asamblea Legislativa.
Los comicios judiciales que debían efectuarse a finales de 2023 no prosperaron porque la preselección de candidatos se estancó en el Legislativo, que sigue sin ponerse de acuerdo para convocar a un nuevo proceso.