La población tiene una dolorosa experiencia por la crisis del agua generada por la irresponsabilidad de las autoridades encargadas del tratamiento y suministro del líquido elemento a las urbes de La Paz y El alto. Pese a las tribulaciones que se pasaron, los responsables están en la impunidad y la administración de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.), se mantiene politizada y atrapada como botín político, poniendo en riesgo el futuro del abastecimiento y la calidad del agua potable. En este momento, un conflicto laboral, económico y técnico perjudica la gestión. Desde que Epsas fue copada por el MAS se han sucedido por lo menos siete intervenciones, todas cuestionadas por irregularidades de diferente índole. Solamente durante el año 2021 han asumido cuatro interventores y todos cuestionados por los trabajadores. El gobierno se niega a entregar Epsas a la administración regional, es decir a la Gobernación y los municipios como manda la ley de Autonomías.
Actualmente esta empresa paceña mantiene conflictos con por los menos 60 trabajadores despedidos de manera irregular, juicios por incumplimiento en el pago de aportes al seguro médico y denuncias diversas de irregularidades administrativas. Publicaciones de prensa, asimismo, dan cuenta de una serie de hechos perjudiciales, que las autoridades tienen la obligación de investigar, ya que se refieren a despidos injustificados, designaciones de favor, falta de mantenimiento de las redes de distribución de agua, manejo discrecional de los recursos económicos, denuncias de persecución policial a trabajadores, paralelismo sindical, donaciones a organizaciones sociales a cambio de avales políticos para acceder al cargos, pérdida de juicios y procesos laborales, entre otros hechos, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa.
Hay una situación complicada que puede derivar perjuicios para el abastecimiento a las ciudades. Además, se han dado a conocer estudios sobre el agua potable en La Paz que alertan sobre graves riesgos. La contaminación hídrica en varias ciudades del país, pero especialmente en La Paz ha alcanzado niveles críticos como consecuencia de la actividad minera y la deficiente acción de los organismos encargados del tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano. La información se desprende de los estudios proporcionados por el Centro de Información Bolivia (CEDIB) a través de su Director Ejecutivo Lic. Oscar Campanini, durante una conferencia organizada por la agrupación DB66 conformada por profesionales independientes que, preocupados por diferentes aspectos de la actividad nacional, organizan conversatorios de libre participación.
El problema se origina en la explotación minera efectuada al amparo de la otorgación de derechos mineros (antes conocidos como concesiones mineras) otorgados por el Estado en aéreas próximas a las corrientes de agua que abastecen a las ciudades. Hay un manejo y tratamiento irracional de esas corrientes, de acuerdo al estudio de CEDIB, además de observaciones sobre la gestión de los responsables de las empresas para una autorregulación. Esta situación provoca que desechos, generalmente altamente tóxicos, sean vertidos sin ninguna consideración a los cursos de agua que luego llegan a las ciudades. El estudio también advierte que las colas y desmontes, además de las lagunas de retención en las minas que se dejaron de explotar, se encuentran a escasos metros de las represas de tratamiento, como el caso de Milluni.
Los organismos encargados del tratamiento de esas aguas invierten grandes recursos en los medios necesarios para reducir la acción de algunos de los elementos tóxicos vertidos en el curso de las vertientes. CEDIP mostró el resultado de los análisis de laboratorio y datos estadísticos como parte de su trabajo de investigación, que debiera ser tomado en cuenta para una investigación y la adopción de medidas urgentes de protección de la salud de la población. Sin duda hay riesgo para la población en la ingesta de agua tratada por una institución conflictiva, politizada en la que se designan a funcionarios por el color político y no por la necesidad de idoneidad profesional, especialización y méritos. La Gobernación y los Municipios de La Paz y El Alto deben asumir gestiones inmediatas para devolver a Epsas la institucionalidad.