El Estado de derecho es la esencia de una democracia, y significa el respeto al ordenamiento legal tanto de gobernantes como de gobernados, en un ambiente social que genuinamente asegure los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de acción legal. Nadie puede atribuirse el derecho a estar por encima de las leyes. Los derechos de cada ciudadano terminan donde comienzan los de otro ciudadano, que tiene las mismas prerrogativas, bajo un principio de igualdad. Hay muchas definiciones de Estado de derecho, pero todas coinciden en una visión general de lo que es la legalidad e igualdad ante la ley.
Uno de sus fines, precisamente, es preservar la igualdad política de todos los ciudadanos, para lo cual las normas establecen y fijan límites para los ciudadanos, para los gobernantes y las instituciones tanto públicas como privadas, inclusive para las personas jurídicas. Empero, hay un relajamiento muy sensible en la sociedad que hace correr graves riesgos de un incremento de las actividades ilegales, expansión del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, violencia y otros excesos que amenazan la convivencia.
Nuestro país se rige por una serie de normas legales, basadas a su vez por la columna vertebral jurídica que es la Constitución Política del Estado Plurinacional, que en el Art 410, señala que «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa». Complementa determinando claramente la jerarquía para la aplicación de las normas. Primero la CPE, 2, Tratados Internacionales, 3 Leyes nacionales, estatutos, etc., y luego el resto de las normas legales. Además proclama que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho. En el Artículo 12 se señala que «La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación…» de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
De otra parte, la Organización de Naciones Unidas sustenta que el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal».
Estos conceptos están contenidos en el Informe del Secretario General de la ONU sobre el estado de derecho y la justicia. Además, el concepto de estado de derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. El Preámbulo de la Carta afirma que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».
En nuestro país la sociedad civil, los políticos, las instituciones cívicas y culturales tienen que aportar en el análisis del estado de derecho y los riesgos. Es necesario preguntarse ¿Se cumple la CPE? ¿Se respeta el Estado de derecho en Bolivia?, ¿Quiénes deben dar ejemplo de respeto a la legalidad? ¿Existen algún camino para la ciudadanía frente al irrespeto del ordenamiento jurídico?