La esencia de la democracia es la libertad, y conlleva la responsabilidad de saber administrarla, para no caer en el libertinaje. Representa el derecho de los ciudadanos a decidir, elegir o asumir posiciones sobre el acontecer. Pero al mismo tiempo, democracia significa comprender que los derechos y libertades terminan donde comienzan los derechos de los demás. Tradicionalmente se define a la democracia como la forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El sufragio ciudadano, libre y secreto es uno de los mecanismos centrales de la participación popular. En Bolivia, los ciudadanos mediante elecciones generales, hemos decidido la composición actual de los escenarios del poder.
La mayoría ha depositado su confianza en personas que asumieron responsabilidades en el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Muchas veces, esos representantes elegidos por los ciudadanos, olvidan la responsabilidad que asumieron, y ponen por delante intereses políticos sectarios, personales o económicos. Es lo que ocurre en nuestro país, y es la razón por la que la normalidad se ve alterada por la permanente protesta, disidencia, descontento o frustración.
Lo que en este momento ocurre es un ejemplo de esta distorsión. Diversas instituciones han pedido a las autoridades actuar con mayor sensatez y empeño. La Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene una enorme responsabilidad para encontrar una solución al problema de la justicia nacional, que ha perdido su rumbo. Debe aprobar una ley mediante la que se convoque a las elecciones judiciales, para lo cual debe utilizar los mecanismos democráticos y reglamentarios que hagan posible alcanzar los dos tercios de votos, que ninguna fuerza política alcanza sola. Lo ideal sería llegar a acuerdos en aras de los principios democráticos y la necesidad urgente de cambiar a magistrados en los que ya nadie cree. Pero alcanzar ese acuerdo parece poco probable si se toman en cuenta las experiencias de la forma como actúan los políticos, y las condiciones coyunturales de una marcada confrontación de posiciones, y las pugnas partidistas que se muestran irreconciliables, a lo que se suma la actual cambiante correlación de fuerzas en el Congreso. A la polarización ideológica se suman las disputas internas en casi todas las agrupaciones políticas, aunque la más dura se da en el seno del oficialismo. Vencer esa animosidad no será nada fácil, sin un esfuerzo que tome en cuenta la necesidad de renunciar a posiciones partidistas y ver un horizonte más amplio para encontrar una salida a un problema creado por los políticos y sus ambiciones por controlar la justicia. En el marco de esa pugna, el oficialismo aprobó un reglamento de selección de postulantes a magistrados que en criterio de la oposición era inaceptable, ya que temen que se busca mantener el control del Órgano Judicial. Se apeló a un recurso de inconstitucionalidad para frenar el avance del proceso de la convocatoria, tema que fue a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, que demoró todo lo que pudo para emitir su fallo, que anuló todo lo hecho, declarando inconstitucional el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatos.
Ahora la ALP trabaja a contrarreloj, puesto que el TSE ya adelantó que para que las elecciones judiciales se desarrollen el 3 de diciembre, la Asamblea debe remitir la lista de candidatos hasta el 4 de septiembre. Se le asignó la responsabilidad a la Comisión Técnica conformada por las tres bancadas que componen la Asamblea Legislativa, para avanzar en una Ley que garantice las Elecciones Judiciales. Hubo un primer acercamiento, se convocó a una reunión para tratar el tema, que terminó mal, con mutuas acusaciones de trabar el proceso. Los representantes de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos hablan de ruptura; el Movimiento al Socialismo, dice que es un cuarto intermedio.
Ojalá que el llamado de la ciudadanía, y del deber personal de los asambleístas y partidos políticos con representación parlamentaria, pueda reencausar el proceso. La Veeduría Ciudadana exhortó a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral (TSE), «a asumir todas las medidas necesarias para la realización del proceso de preselección y elección de candidatos para las elecciones judiciales, cumpliendo con los principios de independencia, idoneidad, inclusión y transparencia». Asimismo, pidió que el proceso de preselección y posterior Elección de autoridades judiciales en Bolivia se enmarque en cuatro ejes: independencia, idoneidad, inclusión y transparencia. El pedido fue realizado a través de una carta abierta.