¿Quién está a cargo de la política de Servicio Exterior? El Presidente del Estado Plurinacional. ¿Quién ejecuta las decisiones del Presidente en política exterior? El Ministro de Relaciones Exteriores.
¿Quiénes están en posesión de documentación del Estado calificada como top secret, reservada o confidencial? Los servicios de inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Policía.
¿Quiénes en función de gobierno deben acatar órdenes para la defensa y seguridad nacional e internacional? Los Ministros de Gobierno y de Defensa.
Entonces por qué diablos la exministra de Comunicación, Gisela López firmó contratos, leoninos, multimillonarios, con la empresa mexicana «Neurona», para dizque apoyar «la demanda marítima», por la fabulosa suma de más de 12 millones de bolivianos que bien podían haber servido para la construcción de tres hospitales de cuarto nivel con equipos quirúrgicos sofisticados y laboratorios para atender casos de cáncer, leucemia, etc.
Como se advierte, la exministra Gisela López, usurpó funciones y los contratos que firmó con «Neurona» son prueba contundente, irrefutable, que no podrá enervar, porque la empresa extranjera «fue dotada de documentación» con fines desconocidos respecto a la demanda marítima. Tiene que demostrar los motivos por los cuales usurpó funciones ajenas al despacho de Comunicación.
Si el Contralor ampara a la exministra, ingresará en el campo de la complicidad o del encubrimiento y podría ser procesado, por cualesquier posterior Gobierno que asuma la presidencia.
La pregunta del millón: Por qué, el exdiputado del MAS, Manuel Canelas, entregó la documentación de los contratos a la Contraloría, cuando antes debía cumplir con la petición de informe de parlamentarios respecto al caso.
Se desprende acaso que Gisela López, ¿también pagó los millones de dólares, o por lo menos contrató a los abogados extranjeros que perdieron la demanda ante la CIJ de la Haya? Cuál es el fin para que el pueblo no se entere de los montos reales desembolsados para pagar a letrados extranjeros.
Diputados y senadores del MAS como de la oposición, deben convocar a dicha exministra para que haga conocer los motivos por los que usurpo funciones de inteligencia del Estado y sin intervención de la Controlaría o de control previo, cual determina la Ley Safco, firmó contratos con «Neurona», debiendo revelar qué documentos entregó, en torno a la demanda marítima, a la empresa mexicana que, por su desconocimiento de la realidad boliviana, fracasó internacionalmente.
¿En qué benefició a Bolivia, a la demanda, los contratos? Santo Dios ahí están los calamitosos resultados, Chile está soberbio, hace flamear la sentencia de la CIJ de la Haya y en toda ocasión que le conviene, en tono irónico, pide que Bolivia la cumpla.
Si se aplica el léxico del vicepresidente Álvaro García Linera, la exministra de Comunicación, ¿acaso no resulta una «vende patria» al haber privilegiado contratos propagandísticos a una empresa extranjera, olvidando el Objetivo Nacional de retorno al Océano Pacífico con plena soberanía?