La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) celebró en Panamá el segundo foro anual sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, con el propósito de compartir experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de esas personas, cuyo trabajo es crucial por el cambio climático. Durante la reunión de dos días, realizada el pasado fin de semana, también se efectuaron consultas y discusiones para elaborar un plan de acción que se presentará en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en abril de 2024. Este es el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina, que ha entrado en vigencia el 22 de abril de 2021, un día muy simbólico, el Día Internacional de la Madre Tierra.
En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Recordemos que, en nuestro país, los dirigentes indígenas así como instituciones ambientalistas han denunciado la contaminación con la explotación de oro en el país, especialmente en márgenes de los ríos Beni, Mamoré, Madre de Dios y sus afluentes, contaminando la tierra y el agua tanto por las operaciones sin previsiones ambientales como por el uso de mercurio, que está enfermando a los indígenas a trabajadores y población civil. Dragas chinas y colombianas además de operadores bolivianos tienen 1.722 cuadrículas -equivalentes a 43.050 hectáreas- tan solo en el río Kaka del departamento de La Paz. Las cooperativas auríferas locales se asociaron de manera ilegal con los capitales extranjeros y maquillaron sus relaciones en los últimos años bajo la figura de «contratos de prestación de servicios», según un informe de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
Es un hecho que la tierra y los ríos están siendo envenenados con mercurio por la irresponsable actividad minera aurífera. Pese a las evidencias y el grave riesgo a que se somete a la población, esta actividad crece sin control ni medidas que atenúen el impacto dañino. Bolivia asumió compromisos internacionales para controlar el uso de mercurio, lamentablemente también está incumpliendo el acuerdo. Se trata del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que es otro tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y las liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. El año 2020 ya los países que asumieron el compromiso debían dejar de fabricar, importar y exportar productos con mercurio enumerados en el tratado. Sin embargo, Bolivia se ha convertido en uno de los mayores importadores de mercurio del mundo
Durante el Foro de la Cepal -al que asistieron altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de organizaciones internacionales, y activistas de la región- se subrayó que los defensores ambientales son muy diversos y abogaron por que el plan de acción reconozca esa diversidad. Los defensores del medio ambiente viven diferentes realidades, un buen número de ellos son integrantes de comunidades que padecen discriminación y desigualdades sin que eso los detenga en la protección de sus territorios, culturas, sustentos y formas de vida. Tal es el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, destacaron los asistentes al foro.
Los participantes llamaron a los Estados y gobiernos de la región a reforzar la protección de los defensores ambientales y a garantizarles un entorno seguro y propicio para que desempeñen su importante labor. El foro también tiene el objetivo de destacar la relevancia del Acuerdo de Escazú como instrumento para garantizar la democracia, la protección del medio ambiente, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y la defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el encargado de la Secretaría del Acuerdo de Escazú y jefe de la Desarrollo Sostenible de la Cepal, Carlos de Miguel, dijo que ese acuerdo representa un gran avance ambiental para la región, aunque agregó que hay situaciones muy complejas que requieren de soluciones urgentes «que muchas veces no llegan».
Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, señaló que para implementar esas disposiciones es necesario contar con el plan de acción y recordó que uno de los objetivos del foro es aportar, encontrar y proponer los mecanismos que regirán esa hoja de ruta. Los participantes coincidieron en que ningún activista o ministerio por sí solo puede resolver los problemas ambientales de un país, por lo que se precisa trabajar en colaboración entre gobiernos y organizaciones mundiales. «La destrucción de nuestros ecosistemas es muy acelerada, más allá de la respuesta que estamos dando todos los gobiernos, y el cambio climático ha agravado esto», puntualizó uno de los oradores, según Noticias ONU.