En muchas oportunidades, diversas instituciones sociales, políticas, académicas, agrupaciones de profesionales, y hasta varias iglesias se han pronunciado sobre la situación de la justicia en Bolivia. Los escándalos recurrentes, las actuaciones abiertamente ilegales, la corrupción, y la impunidad han llevado al sistema judicial a una crisis terminal que merece la preocupación de todos los bolivianos, y obliga a una inmediata acción que, emulando una cirugía radical, extirpe todos los vicios que han infectado al Órgano Judicial, y a sus brazos fundamentales como el Ministerio Público y la policía.
Ante la frecuencia de escándalos ya nada sorprende, pero no se puede mirar para otro lado frente a la reiteración de hechos. La filtración de un nuevo audio complica al decano del Consejo de la Magistratura, en un caso de presunta manipulación de decisiones judiciales vinculadas a un caso de feminicidio, ocurrido en Tarija en febrero de 2017. La autoridad judicial aludida dijo que se someterá a las investigaciones, aunque negó las sindicaciones y aseguró que la grabación es inventada. Sobre el caso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, de acuerdo a publicaciones de prensa, dijo que no le sorprendería que aparezcan nuevos audios involucrando a autoridades judiciales en hechos irregulares, ya que el tema es «lacerante». Agregó que el hecho es «una mala señal de cómo está la justicia» y que amerita una investigación porque «el que hace llamadas, el que busca favorecer a alguien, no es gratis».
Recordemos que hubo otro caso que se investiga en Beni, sobre el que el ministro de Justicia, Héctor Arce, exigió una investigación inmediata sobre presunto tráfico de influencias, desvelado a través de un audio en el que se escucha, presuntamente a un magistrado del TSJ pedir a un juez de Beni, que emita una resolución en favor de un determinado caso. El problema que envuelve a la justicia nacional es realmente grave. La falta de transparencia perturba cualquier investigación y los procesos no avanzan, consolidándose la impunidad. Hasta ahora han fracaso los intentos de reordenamiento del sistema por haberse anulado la independencia del poder judicial, requisito indispensable para un desenvolvimiento objetivo, imparcial, ético y fundamentalmente profesional. Se han efectuado varios intentos para modernizar las leyes, jerarquizar a los magistrados, especializar a los fiscales y depurar el sistema, pero la cizaña política ha echado raíces y echa por tierra todos los esfuerzos. Un valioso trabajo dirigido a la Reforma Judicial en Bolivia fue apoyado por la fundación «Friedrich Ebert Stiftun», el año 2015, lamentablemente sus observaciones y recomendaciones quedaron en el camino.
El estudio señala que desde que la República de Bolivia recuperó la democracia en 1982, uno de los mayores desafíos ha sido la reforma del sistema de administración de justicia. Puntualiza que renovar la justicia no consiste solamente en cambiar leyes. «Aquí se propone que la reforma de la justicia hace parte de un proceso más amplio de rectificación de las organizaciones del sector, signado por un cambio cultural en la forma de administrar la solución de los conflictos en la sociedad, que debe ser abordado integralmente, desde la adecuación normativa, la gestión institucional y la eficiencia de los servicios en beneficio de los ciudadanos; en el marco de una política pública sostenida, planificada y evaluada periódicamente, con la participación de múltiples actores. El acceso a la justicia en Bolivia está estrechamente vinculado a la institucionalización del sistema judicial. Es decir, así como el acceso a la justicia para las personas es un derecho, al Estado le recae la obligación de prestar un servicio público, y como tal debe estar sometido a los procesos de formulación, planificación, gestión, evaluación e incluso control social que corresponde a todas las políticas públicas». Tras los fracasos en los experimentos con la elección de magistrados mediante comicios, y los resultados escandalosos de las frustradas reformas, ya se impone una reestructuración total, radical y extendida a todos los actores e instituciones del sistema, es decir Policía, Ministerio público y el Órgano Judicial.