El presupuesto judicial en Bolivia es uno de los más bajos en Latinoamérica, y hasta ahora nadie se mostró partidario de incrementar los recursos debido a un manejo judicial defectuoso y que fracasó en los intentos por lograr una reforma que haga confiable al sistema. La corrupción, la retardación y la intromisión política han dejado a la justicia en el banquillo de los acusados y será muy difícil lograr su recuperación. El Consejo de la Judicatura, que el próximo sábado cumple 30 años de actividad, hasta ahora ha sido impotente para frenar los desmanes. Por ello no debe extrañar a nadie que el gobierno haya dejado pasar la oportunidad de recibir cooperación económica internacional para mejorar la justicia en nuestro país.
La actual administración no avanzó en un plan de reforma judicial desde 2015, a pesar de los anuncios de cambios revolucionarios, y de la plena convicción de los extravíos del sistema. Esta situación derivó en una determinación de la Unión Europea de retirar la cooperación destinada para mejorar el sistema judicial. Se trata de 34 millones de euros perdidos, provenientes de la cooperación europea, destinados a la «reforma integral al sistema de justicia». Lamentablemente, estos recursos fueron revertidos debido a la demora del Gobierno boliviano en implementar los proyectos acordados, de acuerdo a informes de prensa atribuidos al representante de la Unión Europea en Bolivia. Se explicó que ese dinero ya no está disponible, y que las autoridades bolivianas están informadas.
Transparentar al sistema judicial debería ser una de las misiones impostergables de todo el país. Sin una justicia confiable, están en riesgo todos los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Sin embargo, la actual situación es cada vez más preocupante a la luz de los datos oficiales. Durante la gestión 2018, el Consejo de la Magistratura recibió 1.173 denuncias por presuntas irregularidades cometidas por los administradores de justicia y personal de apoyo. De ese total, apenas 226 casos fueron resueltos, quedando pendientes 947, según informes de prensa que reproducen declaraciones del encargado distrital para La Paz, Aldo Castro, quien argumentó que el reducido personal respecto de la cantidad de procesos es una de las dificultades para acelerar las causas. Las faltas más recurrentes en el personal del sistema judicial tienen que ver con la suspensión injustificada de audiencias, incumplimiento de plazos procesales, mala atención al público o negligencia.
El Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero de la formulación de políticas de su gestión. Entre sus atribuciones inclusive está promover la revocatoria de mandato de las magistradas y de los magistrados de los Tribunales Supremos de Justicia y Agroambiental, cuando cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones; ejercer el control disciplinario de los vocales y jueces; controlar y fiscalizar la administración económica financiera y todos los bienes del Órgano Judicial.
Lamentablemente, este organismo nada hizo en el caso de los magistrados que vulneraron la Constitución Política del Estado. El Consejo cumple también la función de elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera; realizar estudios técnicos y estadísticos; preseleccionar a los candidatos para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental; remitir las ternas al Órgano Electoral; preseleccionar a los candidatos para la conformación de los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el TSJ; y nombrar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces de Partido y de Instrucción, además de su personal administrativo.
El Consejo de la Magistratura celebrará este 30 de marzo su XXI aniversario, y programó una serie de actividades con la realización de “Ferias Judiciales Informativas a Nivel Nacional”; durante la semana se desarrollaron varias actividades como la inauguración de una galería fotográfica, un seminario internacional, la presentación del Mapa Judicial y de la Memoria Institucional que reseña el aporte del Consejo de la Magistratura al país.