La determinación de desechar el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y lucha contra el terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, puede generar que a futuro el país sea sancionado con la inclusión en la «lista gris» de Estados que no cumplen en la lucha contra el lavado de activos, según el gobierno, que, al parecer, no se resigna a perder la oportunidad de concentrar el poder en el Ejecutivo. Evidentemente, existen acuerdos internacionales de los que Bolivia forma parte, por el que el país se comprometió a contribuir a evitar el tráfico de dinero de dudoso origen, y aplicar las recomendaciones específicas. Se trata de amplio paquete de sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Pero sus recomendaciones en ningún momento inducen a transgredir los derechos humanos y libertades ciudadanas y menos violentar la Constitución Política del Estado. Contrariamente recomienda actuar en el marco del ordenamiento legal buscando la transparencia, es decir con apego a la ley. Por ejemplo, en el apartado 2, en las Recomendaciones 10, 11 y 20, el término «ley» se refiere a «la legislación emitida o aprobada mediante un proceso parlamentario u otros medios equivalentes dispuestos dentro del marco constitucional del país, el cual impone requisitos obligatorios con sanciones por incumplimiento. Las sanciones por incumplimiento deben ser eficaces, proporcionales y disuasivas». La noción de ley comprende decisiones judiciales que imponen requisitos relevantes, los cuales son vinculantes e imperativos.
La recomendación 29.7 dice textualmente que «La UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que: (a) debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar o revelar información específica…» El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es un nuevo organismo. Fue constituido como un ente intergubernamental en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones de los países miembros. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha sido actualizado permanentemente en consulta con los países miembros y expertos en la materia.
Pero el proyecto de ley combatido por la ciudadanía y desechado por el gobierno, así como otras normas ya aprobadas, utilizaron estas recomendaciones para introducir determinaciones contrarias al ordenamiento legal de nuestro país, concentrando el poder en el ejecutivo mediante un organismo interministerial que operaria con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En cambio, el GAFI recomienda que para que se alcance una efectiva lucha contra el tráfico de dinero de dudoso origen es necesario que se den algunas condiciones, entre ellas «instituciones estables y con responsabilidad, integridad y transparencia; un fuerte imperio de la ley, y un sistema judicial competente, independiente y eficiente». ¿Existen esas condiciones en el gobierno y el sistema judicial? ¿Hay alguna independencia para investigar? ¿Quién investigará a los funcionarios del gobierno que, como ha ocurrido en varios casos durante los últimos 15 años, se vieron involucrados en hechos de corrupción y tráfico de drogas?
De todas maneras, se justifica la preocupación del Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y de la ministra María Nela Prada, en sentido de que tras haberse retirado el tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Bolivia podría estar en la «lista gris». En realidad, nuestro país está efectivamente en la mira internacional pero no por evitar una ley mal concebida, sino por el incumplimiento de las normas ya existentes para controlar el lavado de dinero y la impunidad en el narcotráfico, además de haber autorizado el incremento de los cocales en el país.