Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia del país, Mario Aguilera tendrá que asumir la gobernación cruceña, nadie juzga a los jueces del Tribunal Constitucional, porque son «la última palabra de un Estado», es el que apaga la luz. Este es un momento de inflexión en Bolivia. Necesitamos que la Asamblea elabore un reglamento en un gran acuerdo nacional para las elecciones judiciales, que permita que los casi 100 mil abogados de este país puedan con tranquilidad concursar, ser elegidos y que tengamos 26 altas autoridades lo antes posible. La prórroga de mandato de las autoridades de Justicia no es inconstitucional, ya que existía un vacío legal, el cual fue resuelto por el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Estos son algunos conceptos expresados por el ministro de Justicia Iván Lima, como un epígrafe del pensamiento del gobierno sobre la coyuntura político-judicial del momento. En una conferencia de prensa, y también en un programa de la televisión estatal, el ministro Lima dijo que la última palabra del Estado es la del Tribunal Constitucional Plurinacional y quienes vayan en contra, estarán violando la Constitución Política del estado. Las expresiones del ministro Lima, respaldan la decisión del TCP. Lima dijo que sobre la sentencia pueden opinar expresidentes, abogados, profesores de uno y otro lado, pero la Constitución ha hablado y las decisiones están «en la cumbre de la pirámide jurídica y, por lo tanto, en Bolivia Evo Morales no puede ir a la reelección, Aguilera debe asumir la gobernación en Santa Cruz, Andrónico tiene que empezar a respetar los recesos parlamentarios, porque ya habló la última voz del Estado».
Sostuvo que el derecho se define no con sentimientos, sino con razones jurídicas. Indicó que la fuente principal del derecho es la Constitución y una fuente fundamental es la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional, y el artículo 203 dispone que las sentencias constitucionales son la última palabra del Estado, son definitivas, causan estado, son vinculantes y no admiten ningún recurso ulterior. «Luego de una sentencia constitucional no existe la posibilidad de que nadie puede plantear ninguna posibilidad de reforma de esa sentencia y solamente puede cambiarse esa opinión con otra sentencia constitucional», declaró al canal estatal.
Manifestó que, «en el debate contemporáneo, nadie juzga a los jueces del Tribunal Constitucional, son la última palabra de un Estado, es el que apaga la luz. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo, cuando las altas cortes hablan, cuando los jueces de la máxima instancias de un país, es la palabra final». Citó que, en Argentina, los jueces frenan la reforma laboral del presidente Javier Milei; en Israel al primer ministro Benjamín Netanyahu los jueces le frenaron su reforma judicial en medio del conflicto bélico y en Bolivia la Constitución le dice al Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete y señala en el Art. 203 que nadie puede revisar las sentencias constitucionales, salvo que interponga un recurso directo que es la otra vía.
La autoridad de Justicia recordó que en la gestión pasada la Asamblea Legislativa elaboró reglamentos contrarios a los mandatos constitucionales: en marzo de 2023, el primer reglamento incorporó un requisito que vulneraba el derecho a la libertad de expresión e impedía el ejercicio al derecho a ser elegido en condiciones de igualdad; en abril de ese año, el diputado Leonardo Ayala (Creemos) presentó contra el segundo reglamento una acción de inconstitucionalidad abstracta demandando que pretendía ser desconocido por la ALP, el desarrollo del proceso mediante 2/3 de votos; y en agosto, la Cámara de Senadores aprobó el PL-144 que acortaba plazos y eliminaba requisitos fundamentales en términos de meritocracia.
«Toda la elección judicial se ha visto obstaculizada por caprichos, anomalías, reglamentos y disposiciones contrarias a la Constitución. En la medida en que se corrijan y se lleve adelante una preselección por 2/3, tenemos los bolivianos garantizada una renovación de la justicia», señaló e insistió en que el proceso al interior de la Asamblea se debe dar en consenso, ya que ninguna tienda política cuenta con los 2/3 que establece la CPE, por lo que llamó a un gran acuerdo nacional. Sobre el TCP, dijo que esa instancia interpretó la Constitución en cumplimiento a sus atribuciones y que una vez que se cuente con magistrados elegidos en un proceso desarrollado en cumplimiento a la carta magna, ellos dejarán las funciones. «La Constitución se respeta (…), una vez emitida una sentencia, lo único que el gobierno tiene como obligación es evitar que exista un vacío institucional y lograr que el mandato constitucional sea vigente. Esta es nuestra posición», dijo el ministro Lima.