El Día del Trabajo llega este primero de mayo en Bolivia en un clima tenso por conflictos políticos y sociales que afectan a todo el país, pero especialmente a las familias que se ven afectadas por el desempleo y el incumplimiento de la seguridad social que no llega a todos los trabajadores, así como el aumento de sueldos fijado por el gobierno no se cumple en gran parte del sector informal donde los empleados carecen de protección. Diferentes análisis sobre la situación laboral coinciden en que aproximadamente el 80% del empleo está en el sector informal, por lo que se califica al incremento salarial como selectivo, ya que solamente alcanza a quienes trabajan en el Estado o las empresas privadas que operan legalmente.
Pese a existir normas legales que protegen a los trabajadores, desgraciadamente no se cumplen, dejando a su suerte a la mayoría de la gente que presta servicios en gran parte del sector informal. Lo peor es que desde que los organismos sindicales han sido cooptados por el poder político, las bases laborales quedan desprotegidas. La Central Obrera, máxima organización histórica, otrora el instrumento de defensa de los trabajadores, se ha convertido en un apéndice del oficialismo de turno, olvidando su independencia política. El día de los trabajadores rige casi en todo el planeta como símbolo de la lucha por los derechos laborales, que ha logrado importantes reivindicaciones alcanzando derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplados en contratos y convenios colectivos de trabajo que reconocen la jornada laboral a 8 horas; el derecho a la seguridad Social para los trabajadores: Seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez y muerte; Igualdad salarial, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago en feriados y días festivos, derecho a la Asociación Sindical, derecho a la huelga y otros beneficios.
En nuestro país, este día, desde hace 18 años, sirve para anunciar los aumentos salariales que benefician a un sector reducido. De acuerdo a lo que anticipó el gobierno, el incremento tendrá carácter retroactivo a enero, hecho que pone en aprietos a muchas empresas que ponen en riesgo sus operaciones normales. Por ello los empresarios del país anunciaron que cumplirán las determinaciones, pero con el riesgo de que muchos entendimientos sean afectados y tengan que adoptar decisiones heroicas, que en algunos casos pueden llegar a reducción de personal y hasta su cierre.
Después del anuncio del gobierno sobre el aumento salarial, se han producido varios pronunciamientos señalando que el crecimiento y desarrollo del país requiere de mayor trabajo, esfuerzo, inversiones, seguridad jurídica, estabilidad, credibilidad en las autoridades, responsabilidad en la administración estatal y respeto al ordenamiento legal, entre otros aspectos necesarios para devolver al país la tranquilidad social y política, hoy seriamente comprometidas. Por ejemplo,
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aseguró que el agro es la «solución a la crisis económica» en Bolivia y planteó cinco pilares para generar más divisas en beneficio del país. Mediante un comunicado indica que luego de escuchar las palabras del presidente Luis Arce de que en el país ya no hay dinero porque el gas se agotó; la CAO reitera su demanda de atender al sector que, como planteó antes, puede generar $us 1.000 millones adicionales anuales.
Un análisis publicado por diferentes medios de comunicación, considera que solamente un millón de personas en todo el país trabajan en el sector formal de la economía. El analista económico Jimmy Osorio, considera que de 6,72 millones de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) del país, solo el 15,7% recibirá el incremento salarial dispuesto por el Gobierno para este año. El analista, basándose en proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el tercer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 6,91 millones de personas. De este universo de personas, no todas realizaban o tenían una actividad laboral al momento de la encuesta. Los que sí tenían un ingreso sumaban 6,72 millones de trabajadores, de los que el 84,3% (5,66 millones) estaban en el sector informal y solo el 15,7% (1,05 millones) en el sector formal. «En términos absolutos, 5.660.192 de trabajadores tiene actividad laboral informal y 1.051.884 forman parte de la masa laboral formal», explica Osorio. En estas condiciones, realmente ¿Hay beneficios reales para los trabajadores del país?