El Gobierno del presidente Luis Arce anunció este miércoles que pedirá ocho años de prisión para el exministro interino de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y otras cinco exautoridades de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, por los daños causados por la paralización de operaciones de una planta estatal de urea.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó que esa cartera de Estado «presentó una acusación particular para ser parte del juicio oral en este proceso judicial», que comenzará el próximo 28 de febrero.
En el proceso, «se pedirá sentencia condenatoria y la pena máxima, y, lógicamente, la reparación del grave daño económico ocasionado a la planta», dijo Molina, citado en un comunicado de prensa de su ministerio.
Además de Zamora, también están acusados en este caso el expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Erland Soliz y cuatro ex altos cargos de esa empresa.
Los seis fueron imputados por los supuestos delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», por lo que el Ministerio Público también ha solicitado ocho años de prisión para ellos «más el incremento que se determine por agravantes», según informó en su momento la Fiscalía.
Zamora y Soliz serán juzgados «en rebeldía», pues se desconoce dónde se encuentran desde que Arce asumió la Presidencia del país en noviembre de 2020.
Bolivia puso en marcha en 2017 la planta petroquímica en cuestión en la zona central del Trópico de Cochabamba con una capacidad diaria de producción de 2.100 toneladas de urea y 1.200 de amoniaco.
La urea es un fertilizante elaborado a partir del gas natural que permite el crecimiento de cultivos agrícolas como el arroz, maíz, trigo, caña de azúcar, patata, además de frutas y hortalizas.
La planta estuvo parada durante 22 meses por la crisis social y política de 2019 y la pandemia en 2020, lo que generó un daño económico de unos 450 millones de dólares, según el Gobierno de Arce, aunque la Fiscalía habla de 8,6 millones.
En su momento, el Gobierno transitorio de Áñez denunció que grupos «armados» causaron daños y afectaciones en dependencias públicas como esa factoría y un gasoducto, entre otras, durante los conflictos de 2019.
Las operaciones de la planta se reanudaron finalmente en septiembre de 2021.
Las autoridades nacionales han destacado el buen desempeño de la industria de la urea en 2022, cuando las ventas del fertilizante generaron ingresos por 350 millones de dólares para el país, por lo que proyectan construir una planta similar cuya producción se destine netamente a la exportación.