El hacinamiento en las cárceles de Bolivia alcanza el 330 %, una situación que se pretende reducir mediante una reforma que evite que dos terceras partes de los presos permanezcan sin sentencia, según un informe del Parlamento presentado ayer martes.
«Esto es una vergüenza para la Justicia boliviana», advirtió el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, en la presentación del informe ante los medios en La Paz.
Borda denunció que el Consejo de la Magistratura de Bolivia incumple el mandato constitucional de tener este tipo de datos actualizados, lo que consideró que podría constituir un delito de incumplimiento de deberes.
Por ello, el estudio elaborado con datos de otras fuentes reveló que existen 19.161 reos, de ellos 1.612 mujeres, un 330 % por encima de la capacidad de las cárceles, para 5.805 reclusos.
De ellos, el 68 % son presos preventivos, con lo que cerca de siete de cada diez está en espera de condena, encarcelado tan solo «por indicios», lamentó Borda.
Asimismo, señaló que la justicia no está funcionando como debería, ya que no se puede dar detención preventiva a todos los procesados, “En Bolivia la detención preventiva pareciera que fuera la regla y la libertad, la excepción”, cuando en realidad debería ser al revés.
Al respecto, pidió una «profunda reflexión» en el país ante esta situación, que a su juicio viola derechos como la presunción de inocencia.
El Presidente de Diputados señaló que debido a los excesivos casos de detención preventiva, se produce el hacinamiento en las cárceles del país, razón por la que se ha pensado en modificar los procedimientos penales.
Alrededor de un 21 % están encarcelados por delitos de robo, casi el 19 % por los relacionados con narcotráfico y alrededor de un 18 % por violencia sexual contra menores, de acuerdo con el informe.
“Hay la necesidad de proteger a nuestros niños, de hacer normas que busquen una eficacia jurídica, que se pueda de una vez por todas acelerar estos procesos y no permitir que estas personas continúen con detención preventiva y en el futuro puedan acceder a una cesación de detención y estar libres e impunes por este tipo de delitos que son, definitivamente, de lesa humanidad”, subrayó Borda.
«No están funcionando los juzgados», criticó, ya que «el Ministerio Público no está cumpliendo su finalidad».
La Cámara baja boliviana iniciará el jueves el debate de un proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, que busca modificar sustancialmente el régimen de medidas cautelares, para revertir la situación y que la detención preventiva no sea ni prioritaria ni indefinida, apuntó el presidente.
El Proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal busca introducir modificaciones sustanciales al régimen de aplicación de medidas cautelares, para que el 99% de los privados de libertad sean personas con sentencia ejecutoriada y que excepcionalmente se aplique las medidas cautelares con detención preventiva.
Un informe presentado el mes pasado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, con datos hasta noviembre de 2018, advertía de que las cárceles del país acogían hasta entonces un 225 % más de reclusos por encima de su capacidad, con casi el 70 % de reos preventivos.
El hacinamiento alcanzaba el 891 % de la capacidad en el penal de San Roque en Sucre, mientras que era solo del 0,29 % en la prisión femenina de Miraflores en La Paz y del 0,32 % en la de Mocoví en Trinidad, de acuerdo con ese estudio de la Defensoría.