La disyuntiva entre seguir buscando hidrocarburos o respetar el medioambiente se ha convertido en un debate necesario si se quiere pensar en el futuro del país. Sin duda es preocupante la política energética del actual régimen, que de promover los derechos a la Madre Tierra, pasó a la depredación, y sus argumentos, hasta ahora, solo son económicos para justificar semejante decisión. Publicaciones de prensa han dado a conocer que el Gobierno a través del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina reveló que 31 áreas reservadas para YPFB destinadas a operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos se sobreponen a los parques naturales y áreas protegidas. Al ser consultado sobre estas las actividades el ministro confirmó que se realizaron estudios, además de perforación de pozos exploratorios y de desarrollo e instalación de facilidades de producción, observando la normativa ambiental vigente. Las concesiones se realizaron a empresas extranjeras que se asociaron con YPFB.
Son muchas las instituciones que defienden el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas que demandan protección a su territorio, así como respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), en torno a los recursos naturales. El Título Segundo de la Parte Cuarta de la Constitución determina que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente (art. 342). La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente (art. 343). Las previsiones señalan que no se puede conceder derechos a empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales. La parte segunda del Art 125 determina que comete delito de traición a la patria quien «realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros».
La confirmación del ingreso a los parques naturales y áreas protegidas fue efectuada por el ministro Molina a raíz de un informe escrito a petición del senador de Creemos, Henry Montero, difundido por «Brújula Digital», que puntualiza que «existen 31 áreas reservas a favor de YPFB que se encuentran sobrepuestas en parques naturales y áreas protegidas, cabe señalar que las mismas no se sobreponen a la totalidad de la superficie de las áreas protegidas», según la respuesta dada por Molina. De acuerdo al informe, «los estudios realizados por las empresas nacionales o internacionales son producto de la expresión de interés de estas, en realizar evaluaciones hidrocarburíferas de acuerdo a la prospectividad de cada área reservada a favor de YPFB. Dichas evaluaciones se denominan Convenios de Estudio (CE) y Proyectos Iniciales Exploratorios (PIE) y se autorizaron o suscribieron amparados en el decreto supremo 29130 de 12 de mayo de 2007, la resolución ministerial 128/16 de 20 de junio 2016 y sus modificaciones, así como el reglamento para la ejecución de actividades de exploración de hidrocarburos en áreas reservadas a favor de YPFB y/o en áreas libres aprobado mediante resolución del directorio de YPFB. «En el periodo 2010-2020 se suscribieron 54 convenios de estudios y 28 proyectos iniciales exploratorios con las empresas», señala el informe oficial de YPFB.
En realidad esta situación ya se produjo antes, durante el gobierno de Evo Morales. Un trabajo de la investigadora Carla Hannover en 2017, informaba que el año 2015 ya el Gobierno incrementó, mediante el Decreto Supremo 2549, de 56 a 99, las áreas reservadas para YPFB con fines de exploración. Varios de estos bloques se encuentran en bloques de 11 áreas protegidas y, por ende, cerca de territorios indígenas. En nueve de estos territorios ya se realizaban tareas de exploración. Esta situación causó preocupación en los activistas que trabajan por el medioambiente, quienes ven que esta medida es «altamente peligrosa» por el impacto que dejará la búsqueda de gas en esos lugares. Pero, por otro lado, expertos economistas y del área de hidrocarburos, consideran que de no encontrar el recurso, la economía del país corre un alto riesgo. Hannover lanza la interrogante: ¿en qué medida el desarrollo económico debe sobreponerse a la preservación de la Madre Tierra o viceversa? La consulta buscaba abrir el debate sobre el tema y poner en la balanza el valor de los hidrocarburos en relación al valor del patrimonio natural.
El trabajo de investigación recuerda que el expresidente Evo Morales, «quien años atrás llevó a cabo una campaña para preservar y respetar la Madre Tierra, desde 2015 cambió su discurso, luego de promulgar el Decreto Supremo 2366, que habilita el ingreso a áreas protegidas para la exploración. «Hemos decidido, y quiero aclararles que tenemos todo el derecho, hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas, (y) lo vamos a hacer con mucha fuerza», afirmó durante su discurso de inauguración del V Congreso Internacional de YPFB Gas y Petróleo. En la actualidad, cerca de 10 empresas realizan exploración petrolera en bloques dentro o cerca de nueve áreas protegidas o parques nacionales: Iñao, Tariquía, Aguaragüe, Tipnis, Pilón Lajas, Madidi, Carrasco, Amboró y Manuripi».