Las normas legales en nuestro país proclaman la igualdad de derechos. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Lamentablemente, quienes coyunturalmente tienen poder y autoridad olvidan este principio y buscan llevar «agua a su molino», cerrando las vías para otros. Lo peor es que a algunos se los amenaza por expresar sus ideas y voluntad, y a otros se los deja utilizar la amenaza, el amedrentamiento y la agresión. Se trata de una tolerancia cómplice con los violentos, que libremente utilizan la intimidación para sus fines.
Un ejemplo de este tipo de hechos se produjo en Santa Cruz, donde con pasamontañas y palos, un grupo de gente se movilizó para mostrar su apoyo a la re-postulación de Evo Morales y hacer frente a los colectivos del 21F que se manifiestan bajo la consigna de que Bolivia dijo No.
Ni la policía ni otra autoridad dijo nada sobre esta provocación y muestras de intimidación, todo lo contrario, un jefe policial advirtió que no permitirá que los “grupos” que defienden el voto del referendo de 2016 alteren el orden público. En Santa Cruz, la movilización reunió a cientos de personas que se concentraron en la plaza 24 de Septiembre. Un dirigente con pasamontañas calificó a las plataformas como «vendepatrias» y amenazó con «perseguir, enjuiciar», y dijo que se tienen que ir de Bolivia, porque no van a permitir conspiraciones que dañen la imagen del Presidente.
Se supone que vivimos en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada en la que las leyes marcan y definen nuestros caminos y estas establecen que todos somos iguales ante la Ley. El artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho de los ciudadanos «a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva».
No se puede aceptar que se coarten los derechos y libertades. Se justifican las advertencias policiales cuando se actúa al margen de la ley, como lo hizo el grupo de encapuchados en Santa Cruz, pero es diferente el accionar de quienes defienden la voluntad ciudadana expresada en el voto y la decisión popular reflejada en las urnas el 21 de febrero, quienes demandan que se respete la CPE.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, salió al paso de las declaraciones de un jefe policial y aseguró que las movilizaciones sociales y políticas en el país, tales como la de los activistas del «21F» están garantizadas.
Ha pasado la época de la desidia, de la apatía, la gente quiere participar en las expresiones políticas cada vez con mayor compromiso. Hoy la sociedad entera se ha fortalecido en múltiples movimientos sociales que exigen y defienden la equidad y la igualdad de derechos. Para fortalecer estas prerrogativas del pueblo, el Art. 26 de la CPE, determina que la ciudadanía tiene derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones. Las autoridades deben respetar la CPE y hacer honor al compromiso con el país de enmarcar sus actos al ordenamiento legal.