El exministro de Salud, Marcelo Navajas, fue enviado a prisión preventiva este domingo por el caso de supuesta corrupción en la compra con sobreprecio en España de respiradores para pacientes con coronavirus, junto a otros tres procesados.
De acuerdo a procedimiento penal el fiscal Rudy Flores determinó imputar a los sindicados Marcelo Navajas, Fernando Valenzuela, Geovanni Pacheco, Luis Fernando Humerez, Ana Mendoza y Gabriela Pérez, señalando que existen indicios suficientes para incriminarlos y enviarlos a jurisdicción del juez cautelar en lo penal, Hugo Huacani, quien luego de instalar la audiencia escuchó a los abogados de las partes que expusieron fundamentaciones sobre los alcances de la medida cautelar.
El fiscal de materia penal, Rudy Flores, expuso que había peligro de «obstaculización a la investigación» motivo por el que «solicitó la detención preventiva de todos los sindicados» a fin de llevar adelante la acción en contra del exministro Marcelo Navajas y de los exfuncionarios del ministerio de salud pública y de quienes resultaron sospechosos de haber intervenido en la compra de dichos observados respiradores que no cumplían requisitos tecnológicos exigidos para tratamiento de terapia intensiva.
La abogada del exministro, Rosario Canedo, y los abogados de los demás imputados, señalaron que no había peligro alguno de obstaculización de la investigación y que sus defendidos tenían domicilio legal y trabajo establecido.
El Juez luego de haber escuchado las exposiciones de las partes, determinó la detención del exministro de Salud, Marcelo Navajas por el tiempo de 3 meses en el penal de San Pedro, y para Fernando Valenzuela, Geovanni Pacheco y Luis Fernando Humerez, seis meses en el mismo penal, habiendo dispuesto que Ana Mendoza y Gabriela Pérez guarden detención domiciliaria sin derecho a salida laboral por el lapso de 6 meses.
Varios abogados de los procesados anunciaron apelaciones a la decisión del juez, que según el fiscal fue tomada en base a documentos, declaraciones y conversaciones telefónicas investigadas.
Un caso polémico
El juez que determinó la prisión preventiva y el arresto domiciliario, Hugo Huacani, se reincorporó a la causa este pasado sábado tras ser liberado después de haber sido detenido el día antes cuando se le esperaba para la audiencia, acusado de supuesta prevaricación en otro caso.
La detención del juez, de la que Fiscalía y Gobierno interino niegan cualquier implicación, generó críticas de interferencia en la Justicia, en un proceso polémico en el país, que es el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Áñez en el poder de forma interina.
El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del exministro sin que fuera preceptiva.
La Cancillería ha llamado al cónsul del país en la ciudad española de Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos cinco millones de dólares.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.