Se estima que en Bolivia el año 2020 hubo más de 24 mil casos de violencia de diverso tipo contra las mujeres y la cuarentena se convirtió en otro escenario de martirio.
Se supone que la Ley Integral 348 debería garantizar a las mujeres la plenitud de sus derechos, lo lamentable es que hay 16 formas de violencia consideradas delitos que no se las combate judicialmente. Se informó que menos del 2% de las denuncias llegan a los estrados judiciales y derivan en una sentencia. El año pasado se han registrado 113 feminicidios y apenas comenzado el nuevo año 2021 ya tres mujeres fueron asesinadas. Nuestro país figura con elevados indicadores de violencia intrafamiliar. El año 2019 fue trágico porque todos los esfuerzos realizados para mitigar esta situación han sido infructuosos y la violencia ocasionó la muerte de 116 mujeres que dejaron en la orfandad a decenas de niños.
Las estadísticas señalan que en la gestión 2018 la cifra fue aún mayor, llegando a 130 casos de feminicidios. Es un grave problema a nivel internacional.
Según un estudio del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, la violencia contra las mujeres tiene que ver con condiciones sociales, diferencias económicas, cuestiones raciales, culturales, de religión y de otros tipos. Pese a las campañas de defensa de los derechos de la mujer, «las penalidades cada vez mayores» y el trabajo de concienciación, las agresiones fatales continúan.
La CEPAL ha pedido a los gobiernos a actualizar sus mecanismos legales y a adoptar medidas concretas.
Bolivia ha incorporado a la legislación el tipo penal de feminicidio mediante la Ley 348. Se han aprobado normas legales que consolidan los derechos de la mujer, pero no se ha logrado su aplicación plena. La justicia es lenta y venal además de que en algunos sectores sociales el trato a la mujer omite los principios de igualdad de género.
Hasta ahora no se logra hacer comprender a la población que la violencia abarca 16 formas que están penalizadas. Entre ellas, la violencia física que inclusive llega al feminicidio. También está penalizada la violencia psicológica, sexual, patrimonial y económica. Otra forma de agresión es la denominada simbólica que se da en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Muchas veces se presentan en mensajes subliminales, íconos, imposiciones sociales, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
La vulneración de los derechos políticos de las mujeres también debe ser sancionada. El año pasado se denunciaron 117 casos de acoso y violencia política en contra de mujeres. Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) registró un total de 64 renuncias de mujeres que incursionaron en política (autoridades, electas o candidatas) que sufrieron atentados a sus derechos. Hubo alcaldesas secuestradas, agredidas y a otras se les impidió ejercer sus funciones.
Existe un refrán que indica: «Cuídate de la justicia boliviana».
Es de Ripley, aunque usted no lo crea, solo en Bolivia podía haber ocurrido que una persona sentenciada por feminicidio a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por obra de la magnificencia y del poder se le concedió al reo cumpla la sentencia en su domicilio.
Entonces surge la interrogante, por qué las autoridades de turno, fiscales y jueces, dan la esperanza que los aprehendidos en forma infraganti cometiendo delitos en contra de las mujeres, vayan a ser detenidos si al final, después de toda una odisea de Herodes a Pilatos de familiares de las víctimas para que haya justicia, se lo tiene que ir a buscar en los avernos o en el olimpo, porque aquí en la tierra, líbrenos de algunos pésimos fiscales y jueces que les importa un carajillo lo que manda las normas.
¿Tendrá que crearse para casos de: feminicidio, explotación sexual, tráfico de órganos, lesiones graves y gravísimas, etc., juzgados especiales integradas por mujeres con máscara -como ocurrió en algunos países para sentar en el banquillo del acusado a narcotraficantes y mercenarios del Padrino, ¿Don Corleone de la mafia siciliana- para que no sean identificadas o vaya contra ellas la venganza de los delincuentes?
Que el ministro de Justicia, Iván Lima, que proclamó a voz en cuello, a los cuatro puntos cardinales del país, que iniciaría juicio de responsabilidades a los miembros del Concejo de la Magistratura en noviembre del año pasado, cumpla, para que se sepa quiénes de los administradores de justicia no tienen méritos ni cualidades idóneas para ejercer el cargo, de lo contrario el ministro tendrá que disculparse porque «el dedazo» parece haberse impuesto a sus iniciativas de servidor público.
Mientras tanto, la jurisprudencia sentada con el caso de un reo que debe cumplir su condena en su domicilio, debería enervarse, por favor, ya no más anuncios de «drásticas penas», si al final son un saludo a la bandera.