La inseguridad en el país crece a pasos agigantados mientras la impunidad ha ganado la partida, y la justicia repta en los más bajos grados éticos, dejando que la corrupción y degradación copen al sistema. Poco puede hacer la policía, no solamente porque carece de medios, sino porque en su seno se enquisto el mal. Por ello, buscar justicia por mano propia se ha convertido en un lamentable recurso, que pone en evidencia el fracaso en las políticas dirigidas a recomponer a los sistemas judicial y policial.
El lunes pasado, un ciudadano brasileño fue golpeado y luego colgado de un árbol, en San Julián (Santa Cruz). Según informes extraoficiales, la gente de la zona consideró que el extranjero estaba armado y había llegado al pueblo para cobrar una deuda. Hay antecedentes en la zona de hechos violentos por “ajustes de cuentas” ligados al narcotráfico. La población no tiene policías en este momento, como tampoco hay en otras localidades.
La semana pasada dos jóvenes acusados de robar un vehículo fueron apedreados y quemados vivos en la localidad de Uncía, norte de Potosí. No es la primera vez que algo así ocurre en esa región. En mayo de 2010, cuatro policías fueron linchados y los autores quedaron en la impunidad.
Un informe del año 2013 señalaba que Bolivia era en ese momento el segundo país en América con mayor cantidad de casos de linchamientos después de Guatemala. Ese año se habían registrado 18 casos con 35 víctimas de linchamiento en el país. Como consecuencia de estos hechos, seis personas fallecieron y otras 28 quedaron heridas. Los datos corresponden al el Observatorio de Seguridad Ciudadana y se conocieron durante la presentación del informe anual de la Defensoría del Pueblo, sobre la vulneración de derechos humanos.
En la actualidad, estas reacciones de violencia continúan. En la mayoría de los casos de linchamientos, las víctimas fueron acusadas de robo, violación y asesinato. Otras fueron sindicadas de corrupción y abuso de autoridad. La impunidad en nuestro país y la destrucción del estado de derecho demuestran el fracaso del sistema judicial y de las políticas sobre seguridad jurídica y seguridad ciudadana. La prueba de estos extremos no solamente se ve en los linchamientos y la creciente violencia, sino, especialmente, en el hecho de que el 70% de los detenidos en las cárceles no tienen sentencia y nada ha cambiado desde las denuncias oficiales de la existencia de consorcios de jueces, fiscales y abogados, o desde las denuncias de extorsión desde los estrados judiciales.
Mientras la pena de muerte se ha eliminado en cerca de 100 países del mundo, las ejecuciones sumarias mediante linchamiento colocan a Bolivia entre las naciones que menos respeto tienen por la vida. Esta práctica constituye la vulneración, de manera violenta, de todos los derechos de las personas. Evidentemente, se está vulnerando el derecho a la vida, y el derecho de toda persona a ser juzgada si es sospechosa de haber cometido algún delito.
Ya la presunción de inocencia ha sido atropellada. Los linchamientos se han convertido en algunos lugares del país en una acción o reacción impune frente a cualquier presunción de una irregularidad, y quienes participan de estos hechos se escudan en una mal entendida justicia comunitaria.
De esta manera no se acude a la policía -que además no existe en muchas poblaciones del país, y en otras no tiene entrada- y menos a la justicia institucional. Los vecinos toman la justicia en sus manos y perpetran chicotazos a presuntos infractores y hasta crímenes que van desde agresiones físicas y morales, hasta quemar vivos a presuntos delincuentes. En este precipitado accionar se han cometido graves equivocaciones al castigar y hasta quitar la vida a gente inocente que tuvo la mala fortuna de transitar por un lugar donde se habría cometido algún robo u otro delito, y donde la gente se encontraba exaltada. Lamentablemente, hasta ahora no se ha podido frenar la tentación de algunos de ponerse por encima de la ley y saciar su sed de venganza o escarmiento, dejando una secuela de crueldad en nombre de la justicia.