Pese a los anuncios de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitaría tratar asuntos internos de Bolivia, la inauguración del 171 periodo de sesiones de ese organismo de la OEA, que se desarrolla en Sucre, la capital del Estado, adquirió un carácter político con la presencia de organizaciones tanto afines al MAS como a la oposición, autoridades de gobierno e inclusive la intervención del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, quién en su discurso destacó el proceso de cambio en el país, y afirmó que «aunque algunas personas hablan falsamente de dictadura, la gestión del presidente Evo Morales tiene la fuerza de los pueblos indígenas, y el apoyo de nuestras organizaciones sociales».
Las organizaciones afines al MAS y las plataformas y políticos por el 21F se encontraron en la ciudad de Sucre en la inauguración del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las plataformas ciudadanas y militantes políticos se manifestaron en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García, cuando las máximas autoridades de Estado y los miembros de la CIDH inauguraron las sesiones de la CIDH.
Pero esas plataformas ciudadanas y militantes políticos tendrán la oportunidad de hacerse escuchar por los miembros de la CIDH, que ha programado audiencias públicas del 13 al 15. Inicialmente se había anunciado que la comisión por norma no trata casos del país anfitrión, pero parece que ese organismo decidió recibir también a grupos de la oposición.
Las plataformas ciudadanas y organizaciones cívicas desarrollaron una reunión en Sucre en la que aprobaron una serie de medidas, así como acordaron la presentación de argumentos sobre las violaciones a los derechos humanos y las normas legales en el país. Entre las medidas decididas figura la convocatoria a cabildos simultáneos en todos los departamentos de Bolivia, para el próximo 21 de febrero, con el objetivo central de expresar el rechazo a la repostulación de Evo Morales.
Además de esta convocatoria, los activistas del 21F emitieron siete Resoluciones que disponen continuar con la resistencia ciudadana, generar movilizaciones coordinadas en todo el país; exigir a Evo Morales el retiro honroso de su candidatura; plantear una auditoría técnica al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y pedir la renuncia de los vocales.
También decidieron presentar una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la CIDH sobre el «derecho de Evo Morales a ser candidato indefinidamente». Finalmente, se decidió pedir, mediante la CIDH el pronunciamiento de «los países garantes de la Constitución Política del Estado de Bolivia, Colombia, Brasil».
Asimismo, se confirmó que los comisionados de la CIDH recibirán en audiencia a los representantes de las plataformas ciudadanas a partir del miércoles 13 de febrero. De igual modo, los comisionados también recibirán a varios líderes de la oposición que pidieron audiencia, entre ellos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, de las fuerzas de oposición.
También se prevé una reunión con representantes de las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS), que presentarán sus respectivas denuncias sobre los casos de racismo y discriminación ocurridos en 2008.
«La CIDH va a tomar conocimiento de estos temas de manera objetiva en las audiencias públicas, porque son hechos que vulneran objetivamente de los derechos humanos de los sectores más excluidos del país», indicaron dirigentes oficialistas.
Los miembros de la CIDH tendrán intensa actividad esta semana, ya que desarrollarán 25 sesiones públicas programadas, entre ellas una audiencia regional de oficio, el jueves, bajo el nombre de «Buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la Región». Esa será una instancia propicia para que se trate el tema de la defensoría del Pueblo en Bolivia.