La Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia), organización empresarial que aglutina a las nueve Cámaras de Comercio y Servicios del país, ante la mayor crisis de la historia que viene atravesando nuestro país, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, por los conflictos sociales debido a la crisis política y medidas radicales que ejecutan algunos sectores, y las consecuencias negativas de la suma de esos factores para la salud de los bolivianos y la economía nacional y el empleo en su conjunto, en reunión de Presidentes y Gerentes de Cámaras Departamentales, establece lo siguiente:
Como sector empresarial, hemos demostrado nuestro compromiso con Bolivia, apoyando las medidas sanitarias y económicas que se han venido implementando desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como también generando propuestas en temas de salud y de reactivación económica, que enviamos oportunamente a las diferentes instancias del Gobierno Nacional.
En la presente reunión hemos analizado con detenimiento todas las medidas en materia laboral, tributaria, comercial y financiera, que implementó el actual Gobierno Nacional, y vemos que aún continúan siendo insuficientes para la grave crisis por la que atraviesa nuestro país.
- Estos últimos días, hemos emitido reiterados comunicados donde:
- Instamos a las autoridades públicas a optar por otras medidas creativas e innovadoras además de oportunas y efectivas, para combatir la propagación del COVID-19.
- Instamos a todos los candidatos a la presidencia de Bolivia, a los líderes y autoridades políticos, puedan pronunciarse en la pacificación del país y sean actores relevantes y activos en la solución de los conflictos.
- Hacemos un llamado a todos los actores relevantes de la sociedad, a motivar un gran acuerdo nacional de pacificación del país.
- Impetramos al Gobierno Nacional a asumir medidas para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos bolivianos.
- Demandamos al gobierno nacional asumir medidas para garantizar la institucionalidad del país y evitar el enfrentamiento entre bolivianos.
Bolivia enfrenta una tormenta perfecta que afecta la dinámica empresarial del país debido a la triple crisis provocada por la emergencia sanitaria, el hundimiento de la economía y la inestabilidad política. Los efectos de esta triple crisis constituyen seguramente el mayor reto de la historia de Bolivia y por lo tanto las respuestas y acciones deben estar a la altura de este desafío.
Somos organizaciones empresariales, apolíticas y respetuosas de la Constitución Política del Estado que entendemos que refleja el pacto social de todos los bolivianos y es la base de la convivencia pacífica. Por ello, exhortamos a gobernantes y gobernados, a respetar nuestro marco jurídico establecido y los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos. Consideramos que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado y las leyes genera incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de institucionalidad del Estado. Instamos a los diferentes sectores de la sociedad, a ser representantes genuinos de las aspiraciones sociales y a respetar los principios que rigen el marco democrático.
En el ámbito económico, resulta evidente que varios sectores fueron dañados de manera crónica ante la emergencia sanitaria mundial. Ante este panorama, las empresas se encuentran en una fase de reactivación en algunos casos, o de reestructuración en otros, que depende de las dinámicas sectoriales y regionales. Para reordenar y reactivar la economía, resulta imprescindible implementar una “Ley Nacional de pausa regulatoria e impulso a la inversión” que permita al sector empresarial formal de la economía enfrentar la mayor crisis de la historia del país y generar posibilidades de sostenibilidad de sus operaciones, mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19 y hasta que pase la etapa dura de la crisis y permita a las empresas poder adaptar sus modelos de negocio, inyectar capital y responder a las nuevas demandas.
En tal sentido, demandamos a las autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la implementación urgente e inmediata de ese marco regulatorio flexible en los ámbitos tributario, financiero, laboral y otros inherentes a la actividad económica formal de nuestro país. Para lo cual, impetramos a las autoridades nacionales puedan conformar, con carácter de urgencia, un Comité Interinstitucional de Coordinación y Articulación Público-Privado para la Reactivación de la Economía y el Empleo de Bolivia; ámbito en el cual se deberá coordinar la correcta implementación de las medidas a ser ejecutadas y evaluar los resultados e impacto de las mismas.
Finalmente, establecer que la lucha contra la pobreza, necesita de un trabajo conjunto necesariamente entre los administradores del Estado y los diferentes sectores representativos de la sociedad pero prioritariamente con el sector empresarial, que es el motor de la economía nacional, y es el que contribuye al Estado a través de la generación de empleos dignos. Para ello, el sector privado ofrece sus mejores hombres y mujeres para que unidos podamos sacar adelante a Bolivia y proyectarla al futuro.