La industria, el comercio, del país expresan preocupación por el riesgo que corren muchas empresas que se ven imposibilitadas de cubrir sus obligaciones económica, financieras y con sus trabajadores, debido a la paralización de la mayoría de las actividades económicas durante la cuarentena, por lo que demandan del gobierno una serie de medidas para evitar el colapso de este sector.
La Cámara Nacional de Industria y la Cámara de Comercio emitieron un comunicado haciendo conocer su situación y rechazando la creación de nuevas obligaciones.
Señala que «Ante la urgente necesidad de salvar la vida de las empresas como único medio de garantizar el mantenimiento de las fuentes de empleo que estas generan y, con ello, el bienestar de las familias bolivianas, reiteramos el pedido al Gobierno Nacional para que éste constituya un ‘Fondo de Garantías’ estatales para posibilitar el financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME’s) de la reposición de los fondos de capital de trabajo a las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo».
Asimismo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) ha salido al paso del instructivo Nº 003/2020 de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), que dice que si el trabajador contrae COVID-19 en el ejercicio laboral, debe ser catalogado como accidente laboral. Por esa situación, la máxima instancia del sector empresarial, pide la anulación de la norma.
CAINCO anunció que efectuará la representación legal «para dejar sin efecto esta disposición que genera inseguridad jurídica al sector empresarial», dice un boletín institucional.
Con dicho instructivo ningún empresario podrá activar su empresa, es una instructiva destructiva de la economía general de la empresa privada. Emplaza a la ASUSS demostrar si alguien en el planeta es responsable del flagelo de la pandemia coronavirus y si se intenta catalogar como accidente de trabajo, resulta una aberración jurídica legal y se incurre en atentado contra el derecho al trabajo, al derecho de conformar empresas y al derecho a la vida de todos los seres humanos, es una disposición atentatoria contra el principio a la vida y de los derechos de todos en general, pues atenta contra la vigencia de la patria por cuestiones de fenómenos imprevisibles y no presenciales a simple vista.